Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, ha abogado este jueves por juzgar y condenar a los consejeros de aquellas cajas de ahorro que se comportaron de forma "inmoral" y presuntamente "ilegal e irregular".

Lara ha calificado como "despreciable, nociva y muy esclarecedora" la trayectoria seguida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) entre 2004 y 2010 y ha exigido responsabilidades a quienes en el Banco de España no cumplieron su función de vigilancia.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el viernes 22 de julio tras los resultados de las pruebas de stress a la banca realizadas por Europa. Recibió la peor calificación de las cinco entidades españolas que suspendieron.

En los últimos días se ha conocido que los principales consejeros de la entidad bancaria se autoconcedían préstamos a 5 y 6 años a un 0% de tipo de interés.

También otorgaron un crédito por valor de 200 millones de euros a la Generalitat Valenciana, a un interés del 4,75%, tres días antes de ser intervenida.

El grupo socialista en Les Corts valencianas ha exigido una "explicación urgente" de estas operaciones y ha propuesto una comisión que investigue lo ocurrido en la caja, "motivo de escándalo un día sí y otro también". El Gobierno del PP valenciano aseguró el miércoles que todo se hizo según señala la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunitat Valenciana.

“Esta situación de absoluto desprecio a los ciudadanos y de irresponsabilidad en la gestión tiene muchos culpables", ha dicho Lara, "ya que todos los miembros del Consejo estaban al tanto de las operaciones, todos estaban en la salsa incluida también, por supuesto, la Generalitat valenciana, que lo autorizó”.

Lara ha solicitado que "los culpables de este desaguisado no les salga tan barata su implicación como a los responsables del hundimiento de Caja Castilla-La Mancha".

Esta entidad fue la primera de las cajas de ahorro intervenidas por el Banco de España y en sustituir a sus consejeros por gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Dirigida hasta entonces por el exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó, las cuentas presentadas daban 30 millones de euros de ganancias. Las estimaciones iniciales situaban las pérdidas en 400 millones. Finalmente el Banco de España las cifró en 740.