El gobierno municipal de Córdoba y los grupos de la oposición han polemizado en los momentos previos al Pleno Ordinario sobre la decisión de entablar conversaciones con la Junta de Andalucía respecto al segundo plan especial Carretera de Palma —que permite la legalización de las naves de Colecor—, después de que el primero ya haya sido tumbado por el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, el Tribunal Supremo (TS) avala la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el primer plan especial y así desestima el recurso planteado por el empresario y concejal de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, a quien se le reclama una sanción de 24 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico (PP), ha aclarado que "quien piense que el alcalde, José Antonio Nieto (PP), no va a cumplir la legalidad está equivocado", de modo que "se cumplirá en todos sus términos y obligue a lo que obligue", aunque, tal y como proclama, "la forma de hacerlo es lo que nos gustaría ver" con la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, Josefina Cruz.

A juicio del portavoz popular, "la Junta tiene un problema serio si no dialoga", puesto que "no ejercería su competencia como es la tutela de la ordenación del suelo", después de que este miércoles la consejera haya reiterado la posición de la Junta en ajustarse a "la legalidad urbanística", según recoge la prensa provincial.

Al respecto, Torrico cree que Cruz Villalón "sabe muy poco de lealtad institucional", porque "viene a Córdoba a hacer campaña, y no a hablar con el alcalde para este asunto", tras visitar la provincia este miércoles, al tiempo que el popular ha lamentado que "el PSOE anda en precampaña e intenta salvar lo poco que le queda".

Asimismo, el portavoz de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, ha criticado que "se comprueba continuamente que la Junta se niega a colaborar con el Ayuntamiento", de modo que considera que "hay que resolver todo desde el Consistorio, porque como dependamos excesivamente de la Junta probablemente haya que esperar un tiempo hasta que esto se solucione".

"culminar la aprobación"

Entretanto, el portavoz de IU, Francisco Tejada, cree que "el diálogo se ha practicado siempre entre el Ayuntamiento y la Junta y cada administración ha asumido la responsabilidad y competencia que según la legislación urbanística le corresponde".

No obstante, defiende que "hay un plan especial que se adecua totalmente al contenido de la sentencia del TSJA y el TS", por tanto "lo que tiene que hacer el gobierno municipal es culminar la aprobación del plan y si no le parece adecuado, que lo deje sin efecto e inicie una nueva redacción", sostiene.

También proclama que "una vez que se ha producido la sentencia del TS hay que continuar embargando bienes a Arenal 2000 —empresa de Rafael Gómez—, para hacer efectiva la sanción de 24 millones de euros".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, ha aseverado que "cuando el alcalde lleve la modificación del plan al Pleno lo debatiremos", puesto que, explica, "es el Consistorio el que tiene que iniciar los trámites, que lleve la propuesta que estime oportuna al consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o al Pleno".

Respecto a dicha modificación para que se adapte al informe emitido al respecto por la Delegación provincial de Obras Públicas, posición reiterada este miércoles por la consejera, Durán destaca que "el Ayuntamiento tiene que ejercer su legitimidad y competencia, y si fuese alcalde la estaría ejerciendo".

Facturas de las riadas

En otro orden de cosas y en relación con el hecho de que la Fiscalía haya remitido al juzgado las facturas por los trabajos de las riadas de 2010, al ver indicios de delito, el portavoz de IU ha alegado que "el gobierno municipal lo que hizo fue coordinar y dirigir los trabajos" y se muestra "convencido de que si la Intervención de Hacienda cuando recibió las facturas hubiese pedido ampliación de informacion al Ayuntamiento en vez de hacer un informe y remitirlo al Ministerio Público, todo habría quedado aclarado como quedará ahora".

Por ello, considera que el asunto "se va a quedar en nada", porque, aclara, "no ha habido ninguna irregularidad en la gestión", y sí en cambio, "hubo mucho trabajo", detalla Tejada.

En este sentido, la Fiscalía de Córdoba ve indicios de delito en dichas facturas y por ello ha remitido el asunto al juzgado para que siga su tramitación, después de que el Ministerio Público investigara las supuestas anomalías detectadas por Intervención de Hacienda, que han llevado a la Subdelegación a denegar el abono de las facturas por un total de 746.982 euros.

En concreto, el Ayuntamiento contrató servicios con Grúas Pérez y Domínguez para tareas de limpieza y retirada de lodo y mobiliario tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalquivir en febrero de 2010. La investigación se centra en tres facturas, una de 71.279 euros, otra de 167.587 euros y una última por un importe de 508.116 euros.