El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ha presidido durante la mañana de este jueves la Junta de jefes de Policía Local, un órgano como ha explicado, "que se ha creado para mejorar la coordinación en un área tan importante como es la relacionada con política local, algo que depende de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja".
A la reunión han asistido, además la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso, y los miembros de dicha Junta, que está integrada por los jefes de Policía Local de los ayuntamientos de Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Lardero, Nájera, Haro y Santo Domingo de la Calzada.
Como ha explicado el consejero, "en esta primera reunión, vamos a entrar en materia porque tenemos que desarrollar una serie de acuerdos importantes". Así ha detallado, "estamos trabajando en cuestiones como la formación de los nuevos policías que han superado las pruebas correspondientes y que se va a poner en marcha después del verano".
Al respecto ha añadido que esta formación "se hace de forma conjunta por primera vez". Lo que supone "aprovechar mejor los recursos y unificar los criterios para permitir ser más operativos y eficaces".
Además, ha detallado el consejero "hay que valorar la posible creación de las mancomunidades de Policía Local que está en nuestra Ley autonómica y a lo que el Tribunal Constitucional está dando la razón, frente al recurso que, de una forma injustificada, presentó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".
Esa Ley, ha explicado Emilio del Río, está pensada para "mejorar la seguridad de todos los riojanos, algo en lo que no piensa el presidente del Gobierno de la nación".
La Junta de jefes de Policía Local fue creada el 17 de marzo de 2009 en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo interinstitucional para la modernización del servicio de Policía Local y es la primera Junta que preside el consejero de Presidencia y Justicia. Su funcionamiento también está recogido en la Ley de Coordinación de Policías Locales.
La Junta tiene funciones de sesoramiento técnico y unificación de criterios en materia de formación e intervención policial, estando facultada para elevar propuestas en estas materias a las consejerías y a los órganos competentes en materia de interior.
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