El Ayuntamiento de La Rinconada defiende que ha cumplido la sentencia y descarta multas al alcalde

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por Javier Fernández (PSOE), ha defendido este martes que "no existe incumplimiento alguno" de la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número diez anulando la designación del subinspector Miguel Ángel García como jefe del Cuerpo de Policía Local. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desestimado un recurso de apelación promovido por el Consistorio contra un auto que requería la ejecución de este fallo avisando de una multa coercitiva "personal" de 600 euros contra el alcalde de no ser cumplida la sentencia, el Consistorio esgrime que "no se ha producido multa alguna" porque "no procede la ejecución de una resolución que, en todo momento, se ha asumido".

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por Javier Fernández (PSOE), ha defendido este martes que "no existe incumplimiento alguno" de la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número diez anulando la designación del subinspector Miguel Ángel García como jefe del Cuerpo de Policía Local. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desestimado un recurso de apelación promovido por el Consistorio contra un auto que requería la ejecución de este fallo avisando de una multa coercitiva "personal" de 600 euros contra el alcalde de no ser cumplida la sentencia, el Consistorio esgrime que "no se ha producido multa alguna" porque "no procede la ejecución de una resolución que, en todo momento, se ha asumido".

Todo parte de una denuncia inicial promovida por la vía Contencioso Administrativa por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), contra la designación del subinspector Miguel Ángel García como jefe del Cuerpo de Policía Local de La Rinconada, extremo finalmente anulado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número diez de Sevilla mediante una sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008. Posteriormente, la organización sindical esgrimió un decreto de Alcaldía fechado el 13 de agosto de 2010 y en el que Miguel Ángel García figuraría aún como jefe del Cuerpo de Policía.

El recurso del ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Rinconada había formulado un recurso de apelación contra un auto emitido el 9 de noviembre de 2010 y relativo a la ejecutoriedad de la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2008. El auto en cuestión requería "personalmente" al alcalde para que diese "inmediatamente ejecución" a la sentencia en un plazo no superior a diez días, advirtiendo de una multa coercitiva "personal" de 600 euros a reproducir "cada 20 días" hasta "la total ejecución de la sentencia" en el caso de no atenerse al auto.

Visto este recurso de apelación, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha emitido una sentencia fechada el 19 de julio y recogida por Europa Press, declarando que "no hay lugar" al mencionado recurso de apelación y confirmando el ya descrito auto de fecha 9 de noviembre de 2010. Igualmente, el Alto tribunal andaluz impone las costas al Ayuntamiento de La Rinconada.

El ayuntamiento alega un nuevo nombramiento

Dado el caso, el Ayuntamiento ha defendido en un comunicado que "hace tiempo que se procedió al nuevo nombramiento del jefe del Cuerpo de la Policía local, después de que hace meses se iniciara un procedimiento de libre designación desde el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y libre concurrencia, como se dio cuenta conforme a su publicación en los boletines oficiales correspondientes".

"El alcalde nombró un tribunal formado por empleados públicos de distintas administraciones y con especial conocimiento y experiencia en el ámbito de la seguridad ciudadana para que baremara y emitiera dictamen de selección, limitándose el regidor a ratificar la propuesta presentada por este tribunal", señala el Consistorio rinconero, que ha lamentado la "fijación del Sppme en este asunto con un empeño permanente por intentar confundir a la opinión pública desde lecturas maliciosas que sólo buscan dañar la imagen del Consistorio y de su alcalde. Con medias verdades que sólo buscan titulares, como demuestra claramente el que hasta la fecha no se haya producido requerimiento económico alguno ni impuesto sanción".

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