Zoilo Ruíz-Mateos, uno de los seis hijos del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruíz Mateos, imputados por estafar presuntamente 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la operación de compraventa del hotel Eurocalas de Mallorca, ha derivado responsabilidades en su padre al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones, y ha aseverado que la crisis económica y los obstáculos puestos por los bancos impidieron que la familia pudiera hacer frente a los pagos pactados con IGM.

"El tema financiero de los bancos nos ha hecho mucho daño", ha llegado a subrayar durante su declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Raquel Crespo, ante quien el presidente del Consejo de Administración de Nueva Rumasa ha insistido que el patriarca del 'holding' era quien "tomaba las decisiones", de modo que ha asegurado desconocer los términos concretos del contrato suscrito en julio de 2006 para proceder a la compraventa, y ha añadido que su intervención fue la misma que la de sus cinco hermanos.

También para esta jornada estaba citado el propio Ruíz-Mateos, quien finalmente no ha comparecido después de que su abogado, Ignacio Peláez, haya presentado un escrito en el que ha alegado enfermedad -unas fiebres le mantienen indispuesto en su domicilio, según el parte médico aportado ante el Juzgado- como motivo por el que su patrocinado no ha podido acudir a los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear.

Y es que la jueza le había emplazado a declarar a raíz de la querella interpuesta por el Grupo Miralles, representado por la letrada Isabel Fluxà, contra el empresario gaditano y sus seis hijos varones por un presunto delito de estafa en la compraventa, formalizada por 23,6 millones de euros. Una cantidad de la que fueron abonados 789.028 euros mientras que se acordó el pago aplazado de 22,8 millones a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía de la empresa Montumo y los avales personales de Ruíz-Mateos y todos sus hijos varones.

Así reza la querella de IGM, a la que tuvo acceso Europa Press, que denuncia que todos ellos "avalaron con evidente mala fe" ya que ninguno de ellos "tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España", al tiempo que asevera que los pagos se fueron abonando hasta que fueron interrumpidos en el verano de 2010. En este sentido, Zoilo ha recalcado que desde principios de la operación el propietario de IGM, Francisco Miralles, "sabía que no teníamos nada a nuestro nombre". "Hemos sido muy claros en este aspecto con él", ha incidido el hijo de Ruíz-Mateos.

"la voluntad de cumplimiento siempre ha existido"

De hecho, el imputado ha indicado que fue el propio Miralles quien pidió que el declarante y sus hermanos fuesen avalistas, y que tras ello el querellante "no pidió ninguna relación de bienes o patrimonio de todos ellos como personas físicas". En cualquier caso, el declarante ha manifestado que "la voluntad de cumplimiento siempre ha existido", recalcando que "al inicio del contrato e incluso ahora tenemos voluntad de pagar".

En su comparecencia, que se ha prolongado por espacio de dos horas, ha recordado que las condiciones de pago eran 116 pagarés y ha apuntado que, tras ser sustituido el aval de Montumo por el de la empresa Clesa, ha precisado que en esa época ésta tenía problemas de liquidez "pero no de solvencia" y por tanto "no estaba al borde de la quiebra". Es más, ha apuntado que un día antes del concurso voluntario de Clesa -"no sabíamos que la empresa iba a acabar en esa situación"- remitió una carta de apoyo a Miralles en la que les ofrecía su ayuda y la compra de una clínica que posee en Palma.

Cabe señalar que el próximo viernes están también citados a declarar Alfonso y Pablo Ruíz-Mateos, mientras que ya en septiembre, el día 19 están emplazados los representantes legales de la sociedad Calwell Alliance -a través de la cual Ruíz-Mateos efectuó la compraventa-, Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del Ruíz-Mateos) y el empresario Nicolás Faure. Por otro lado, el 28 y el 30 de septiembre están citados varios testigos, entre ellos Miguel Miralles, hijo del propietario de la empresa querellante.

La querella de Miralles se suma a la denuncia presentada por la familia Radó ante la Fiscalía contra la familia Ruiz-Mateos por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal. La familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly'.