La Junta Arbitral de la Consejería de Salud ha recibido en el primer semestre de año más de 700 solicitudes arbitrales y ha resuelto cerca de 600 controversias —467 laudos y en torno a 100 mediaciones—.

Según ha informado la Junta en una nota, el sector de las telecomunicaciones es el protagonista de los laudos de las Juntas Arbitrales de Consumo, ya que ocupan el 60 por ciento de los arbitrajes, seguido de las eléctricas, con un 26 por ciento. Las academias de enseñanzas privadas ocupan el siete por ciento de las solicitudes, en su mayoría por el incumplimiento de las condiciones ofertadas verbalmente por la empresa.

Los arbitrajes permiten resolver las controversias que surgen entre consumidores y empresas, sin necesidad de acudir a los juzgados. El sector de las telecomunicaciones abarcan la gran mayoría de estos conflictos que se centran sobre todo en el incumplimiento de las condiciones ofertadas —tarifas promocionales que no se aplican, por ejemplo—, facturación indebida, potabilidades incumplidas y penalizaciones por no permanencia. A este ámbito lo sigue el eléctrico, con el 25 por ciento de las solicitudes, que en su mayoría versan sobre problemas con la factura estimada y conflictos con la instalación del ICP.

Las solicitudes de arbitraje llegan a la Junta Arbitral a través de tres vías, las propias administraciones públicas tras poner una Hoja de Reclamaciones y marcar la casilla en la que se acepta un arbitraje (60%), directamente de los consumidores (35%) o a través de las asociaciones (5%).

El arbitraje en consumo es un sistema que la Junta de Andalucía pone a disposición de los ciudadanos para resolver las controversias que surjan entre consumidores y empresas, sin tener que acudir a los tribunales. Las Juntas Arbitrales son los órganos que gestionan este arbitraje, que destaca por su agilidad, eficacia y rapidez, entre las personas y las empresas adheridas, que en Andalucía ya son 2.958 (21 de ellas se han incorporado en el primer semestre de 2011).

La adhesión de las empresas a este sistema es voluntaria, por lo que las que ya toman parte en este procedimiento realizan un ejercicio de responsabilidad social aceptando los arbitrajes de este órgano resolutor para dar respuesta a sus clientes y a la ciudadanía.

En la actualidad existen un total de 20 Juntas Arbitrales, una dependiente de la Dirección General de Consumo, ocho de las Diputaciones Provinciales y once de los Ayuntamientos —una en cada capital de provincia además de en Jerez de la Frontera, San Fernando (Cádiz) y El Ejido (Almería)—.