La procuradores socialista Ana María Muñoz aseguró que la nueva Consejería de Fomento y Medio Ambiente es "más de los mismo" y las políticas que plantea siguen una línea "continuista" con compromisos "pendientes e incumplidos" que se renuevan anualmente.

Muñoz se expresó así como portavoz en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, donde el consejero del ramo, Antonio Silván, explicó las líneas de actuación de su departamento para los próximos cuatro años.

La portavoz socialista calificó de "macroconsejería" el departamento que dirige Antonio Silván y criticó algunos recortes como los que considera que se llevarán a cabo en materia de seguridad ciudadana, en los que cree que debe de haber "si no los justos, ninguno" e insistió en que de nuevo el consejero se ha comprometido a cumplir lo mismo que desde 2003.

Por ejemplo, indicó que ha anunciado la aprobación de tres espacios naturales "cuando hay 17 pendientes" y aclaró que mientras una carretera puede dejar de hacerse en materia de medio ambiente, que comprende aspectos como depuración o abastecimiento, no puede hacerse porque afecta directamente a la salud.

A este respecto, aseguró que es el Estado el que está "salvando la situación" en materia de agua, al igual que en lo que se refiere a vivienda, aspecto en el que considera que ahora se ha sido más "realista" al planificar 18.000 viviendas protegidas frente a las 100.000 que en su día comprometió el presidente de la Junta.

Muñoz, tras criticar que cada año se aplace un poco más la universalización de la banda ancha, censuró que la Junta exija al Gobierno central la finalización de autovías mientras aún está pensando en definir las autovías y los accesos a las ciudades.

También en materia de carreteras, criticó que el consejero se refiere a carreteras que tienen menos de seis metros arcén que se pretenden hacer más anchas cuando la realidad es que hay "casi 7.000 kilómetros" de carreteras que no tienen siete metros de arcén, por lo que pidió que las haga "transitables" porque, a su juicio, parecen "calzadas romanas".

Ana María Muñoz, quien aseguró que el compromiso con las carreteras tiene que ser "firme" y afirmó que el consejero anuncia recortes "de manera velada", considera que otro de los aspectos que Silván ha afirmado que se potenciarán, la red logística, va a sufrir un último "espaldarazo" al eliminarse las subvenciones en favor de los créditos y cree que ahora dejará de ser rentable.

En cuanto a los aeropuertos de la Comunidad, la procuradora socialista cree que Silván ha renunciado a un plan regional de aeropuertos y que se olvida de su compromiso con estas infraestructuras al remitirse al plan nacional.

Sin embargo, cree que todos los aeropuertos castellanoleoneses deberían de tener un mismo modelo de gestión y, por ejemplo, Matacán (Salamanca) no cuenta con un consorcio como los demás, cuando la igualdad entre ellos sería lo que permitirán hacerles "verdaderamente competitivos".

Finalmente, manifestó sus dudas sobre el posible conflicto de intereses que se pueda generar a la hora de otorgar licencias y cómo se va a tramitar todo lo que se refiere al urbanismo con respecto al medio ambiente.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, el leonesista Alejandro Valderas, alabó que el consejero fuera capaz de hacer propuestas polémicas y no las oculte pero criticó que cuando falta dinero para hacer algo se diga "que lo haga Madrid" y exigió que se lleven a cabo proyectos de cooperación con el Gobierno central.

A este respecto, pidió a la Junta que colabore con la León-Bragança o haga las diez variantes de la León-Valladolid, que permitiría conectar ambas capitales en una hora.

Por otro lado, pidió a Silván que haga un "plan de choque" para tramitar rápidamente algunos expedientes pendientes de autorización porque un plan urbanístico puede suponer cinco años de espera y que cambie tres veces la normativa o la licencia para una empresa como en el caso de una cantera puede provocar que ésta trabaje ilegalmente durante un tiempo y al final se vaya.

En materia de medio ambiente, considera que a pesar de lo que dice la Junta, la Comunidad "no es ejemplar" en la gestión de esta competencia y propuso que hable primero con los pescadores antes de elaborar una ley que afectará a 200.000 personas.