El PSE de Gipuzkoa ha pedido la comparecencia, ante la Comisión de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica, de las Juntas Generales de Gipuzkoa de representantes de las asociaciones SOS Bebés Robados y Anadir.

En un comunicado, la presidenta de la citada comisión del Parlamento guipuzcoano, la socialista Rafaela Romero, ha asegurado que las Juntas de Gipuzkoa tienen que ser el "escenario donde los familiares que han sufrido el robo de uno de sus hijos y aquellos que fueron vendidos puedan expresar lo que les ha ocurrido", de manera que se reivindique, "la necesidad de descubrir la verdad".

En este sentido, ha recordado que Gipuzkoa, con 114 denuncias, es el territorio con más afectados por estas desapariciones. Romero ha trasladado su "solidaridad" ante estos hechos que ha calificado de "muy graves" y ha abogado por "indagar" lo ocurrido para llegar hasta el final, en un tema que causa "indignación" al conjunto de la ciudadanía.

Romero ha explicado que el grupo del PSE en las Juntas de Gipuzkoa ha registrado este martes una petición de comparecencia de una representación de las asociaciones SOS Bebés Robados y Anadir ante la Comisión de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica.

El objetivo de esta iniciativa es que estas dos asociaciones informen sobre el estado actual de las investigaciones en torno al presunto secuestro y robo de bebés y su posterior entrega en adopción de forma ilegal y con el desconocimiento y engaño de las familias y madres biológicas. También que ésta sea su plataforma para que planteen sus necesidades y demandas a las administraciones e instituciones públicas.

Romero ha destacado que hasta 1950 "el robo de niños no fue un método más de la represión", sino el "más atroz y menos conocido de la represión franquista". "En las cárceles franquistas, en las familias de maquis o republicanos, a las madres les arrebataban sus hijos y las víctimas eran herederas de los vencidos de la guerra, personas que no podían protestar y cuando ya no quedaron más niños que robar a madres republicanas en las cárceles, el robo continuó", ha denunciado.

Asimismo, ha censurado que, con la "misma impunidad" y durante las cuatro décadas siguientes, "el robo o apropiación de niños se siguió realizando, de forma más sutil, en clínicas y en casas cuna, la mayoría ligadas a organizaciones religiosas".

Finalmente, ha recordado que gracias a la Ley de Adopción de 1987 el Gobierno puso orden y acabó con esta red de adopciones, pero "durante más de sesenta años el robo de niños se ha desarrollado con absoluta impunidad" y no ha sido objeto de la "más mínima" investigación.