El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cádiz llevará al Pleno que se celebra este lunes una propuesta encaminada a mostrar su rechazo al cierre de la filial de Visteon en El Puerto de Santa María, Cádiz Electrónica; expresar su solidaridad con los trabajadores, e instar al Gobierno central y a la Junta a que ejerzan "toda su influencia" para evitar el cierre.

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, se hace eco del anuncio realizado por la multinacional estadounidense Visteon Corporación sobre el cese de la actividad de la factoría gaditana y el despido de los 396 empleados de la misma.

Apunta que la decisión ha cogido "por sorpresa" a los trabajadores y también a "todos los sectores e instituciones locales y provinciales", por ser una medida "inesperada e injustificada".

Recuerda que comenzó su andadura en 1988, y aunque en el 2009 tuvo que hacer frente a un ERTE rotativo de trabajadores, la planta "siempre ha tenido unos buenos resultados económicos". Cuenta, además, con "importantes clientes" como Ford Toyota y Jaguar y la empresa matriz "prevé beneficios hasta el año 2014".

Destaca que la planta de Visteon en El Puerto destaca también por la elaboración de productos de alta tecnología y cuenta con líneas de producción para el desarrollo de nuevos productos de vehículos de alta gama. Así, es "la única planta de montaje de Visteon en Europa que cuenta con líneas de ensamblaje electrónico y de plástico".

La moción también apunta que "tras el anuncio de cierre" el departamento de calidad de Visteon en Reino Unido se ha puesto en contacto con la factoría de El Puerto de Santa María "para el desarrollo de nuevos prototipos".

Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano todo apunta a "un interés de deslocalización hacia países asiáticos en donde la mano de obra es mucho más barata que en Europa", lo que considera "inaceptable".

Cree que tal cosa requiere una "reacción e intervención de todos los estamentos", sobre todo teniendo en cuenta el "deterioro" que sufre el tejido industrial de la Bahía. Asimismo, hace referencia a las "importantes ayudas y subvenciones públicas" recibidas del Estado y de la Junta —que cifra en 1,6 y 9,2 millones, respectivamente—, por lo que "es necesaria la intervención de los poderes públicos para garantizar que se está cumpliendo con la legalidad y derechos de los trabajadores".

Por todo ello, propone al Pleno que muestre su "enérgico rechazo" al cierre, su solidaridad y apoyo a los trabajadores en sus "justas reivindicaciones" y que inste a la Junta y al Gobierno central a ejercer "toda su influencia" para evitar el cierre y defender el mantenimiento del tejido industrial.