El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEM), Miguel Sánchez, ha confiado en que los 14 controladores del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto aéreo en diciembre del pasado año "no se vayan de rositas", después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital haya archivado la causa, decisión recurrida por la Fiscalía de Málaga.

Así, Sánchez ha recordado los perjuicios que ocasionó la postura de los controladores a la industria turística malagueña, así como las pérdidas económicas que acarreó no sólo a hoteles, sino a restaurantes, comercios y demás sectores. A ello, ha puntualizado en declaraciones a Europa Press, habría que sumar el daño "terrible" a la imagen del destino España y, en este caso, a la Costa del Sol.

Este conflicto se produjo en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada, por lo que el movimiento aéreo era muy considerable. Además, es una época del año en que la mayoría de los turistas proceden de otros mercados internacionales y su principal medio de transporte es el avión.

"Causaron molestias a miles de personas, de familias con niños, que se quedaron literalmente tiradas y con un daño muy grande", ha recordado, por lo que ha lamentado que esta decisión, independientemente de que haya sido recurrida, genera un "temor horrible" a que se pueda volver a producir algo similar: "pueden pensar en hacer algo igual porque no les va a pasar nada y eso sí me preocupa".

Igualmente, ha continuado, creó una situación de inseguridad "muy perjudicial" y un deterioro de la imagen del destino y, además, en plena crisis económica. "A muchos de aquellos viajeros se les olvidará, pero también hay mucha gente que no olvida lo que pasó y no quiere volver a un destino así", ha indicado. A juicio de este empresario malagueño, la decisión del Juzgado es "tremendamente llamativa e, incluso, irritante". "Es imperdonable lo que sucedió", ha incidido.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga decretó el sobreseimiento provisional de la causa iniciada a instancia de la Fiscalía, al entender que no está suficientemente acreditado que este abandono del servicio fuera "intencionado con la finalidad de alterar el tráfico aéreo, premeditado, coordinado y con conocimiento de causa entre todos ellos".

En el auto de archivo se precisa que los controladores declararon en el juzgado que todos "realizaron algún abandono por problemas médicos de diversa naturaleza, siendo sustituidos, negando rotundamente que lo hicieran con intención" y añadiendo que "no fue una excusa falsa o inventada". Así, aportaron como justificación informes médicos.

Asimismo, se tomó declaración a uno de los facultativos que realizó distintos informes, quien aseguró que todos los motivos alegados por los controladores que atendió "le parecen razonables y posibles" y que todo "le parecía verosímil", indica la resolución del juez, que entendió que no existían indicios suficientes para seguir la investigación.

En cambio, la Fiscalía sostiene que "no se han practicado todas las diligencias necesarias e imprescindibles para agotar la investigación y las eventuales responsabilidades penales" y que no se puede dar credibilidad a dichos informes de asistencia "sin contar con una pericia contrastada que permita confirmar o no dicho parecer médico".

Todo ello, porque "no parece casual que tanto integrantes del servicio de controladores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) se indispusieran al mismo tiempo, ello sin contar con el hecho notorio de que coincidió en el tiempo con la indisposición de sus compañeros en toda España", señala el ministerio público en el recurso presentado.