La Mesa de Contratación ha abierto este viernes el sobre de cada una de las seis empresas que han presentado ofertas de cara a la licitación para la construcción, conservación y explotación de la futura Ciudad de la Justicia de Córdoba, que se realizará por primera vez mediante la fórmula de colaboración público-privada y cuyo coste asciende a 345 millones de euros. No será hasta finales de octubre cuando comience la última fase para el proceso de licitación.

En este sentido, fuentes de la Junta de la Andalucía han explicado a Europa Press que en los pasos del proceso de licitación, a seguir por el Órgano de Contratación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, ya se ha abierto el sobre de cada oferta, que se refiere a los criterios técnicos de adjudicación que dependen de un juicio de valor, y a finales de octubre la Mesa de Contratación abrirá el último sobre de cada oferta, que se refiere a la propuesta económica final.

Una vez conocida la propuesta técnica y económica, la Mesa de Contratación propondrá a la autoridad competente para contratar —Secretaría General Técnica de Gobernación y Justicia— la oferta que haya resultado mejor valorada y, posteriormente, se firmará el contrato con la empresa adjudicataria.

Hasta el momento se ha examinado la capacidad para contratar de las ofertas y empresas presentadas en tiempo y forma, y, según precisan desde la Administración autonómica, "el concurso puede considerarse viable y la operación es rentable para las seis empresas", por lo que "la construcción de la Ciudad de la Justicia está asegurada".

Al respecto, puntualizan que el número de empresas que han formalizado finalmente su oferta puede considerarse de "razonable y adecuado", de manera que "tranquiliza enormemente" que entre las seis empresas, que concurren en solitario o como Unión Temporal de Empresas (UTE), "hay tres o cuatro líderes mundiales del sector y tres de ellas cotizan en el IBEX 35".

Asimismo, destacan que la mayoría de las empresas presentadas son "grandes o medianas empresas constructoras, algunas líderes mundiales, y en varias de las UTE hay una fuerte presencia de empresas cordobesas y andaluzas —malagueñas y sevillanas—".

Empresas para el proyecto

En concreto, las entidades que han presentado sus ofertas son Sacyr, S.A.U. y cinco UTE: la formada por Corsán-Corviam Construcción, S.A.-Copcisa Industrial y S.L.U-Detea, S.A; la integrada por Obrascón Huarte Lain, S.A.-Heliopol, S.A.U.; la compuesta por Acciona Infraestructuras, S.A-Instalaciones Inabensa S.A.-Montealto Infraestructuras S.A.; la formada por Aldesa Construcciones S.A-Aldesa Inversiones Internacionales, S.L.U-Construcciones Vera, S.A.; y la que integran Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.-Magtel Redes de Telecomunicaciones, S.A.U.-Construcciones Granadal, S.L.-Canval Empresa Constructora S.L.

A través de esta fórmula de cofinanciación, la Junta de Andalucía adjudicará a la empresa que reúna los requisitos exigidos en la licitación el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados, situada en la zona de Arroyo del Moro, en la que la compañía se encargará de construir y explotar el edificio.

La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones.

El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.

El proyecto

La construcción de la Ciudad de la Justicia se realizará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que prevé una superficie construida de 50.894 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894) y dos sótanos (18.146).

El edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial en el que trabaja la Administración autonómica, para así conseguir una Justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano, con innovaciones como la creación de servicios comunes para distintos órganos judiciales.

La Ciudad de la Justicia de Córdoba será el tercer complejo de este tipo que se pondrá en marcha en Andalucía (la de Málaga ya está en funcionamiento y en mayo dio comienzo el traslado de los órganos judiciales a la de Almería).

Asimismo, es el primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la fórmula de colaboración público-privada, que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica. Este mecanismo ya se viene aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.