El director general de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jesús Candil; el viceconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Justo Mañas, y el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, se reunirán en Córdoba con los trabajadores de Locsa, para analizar la nueva situación.

Así lo ha dicho a Europa Press el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, quien ha resaltado la importancia de dicho encuentro, en el que también tomarán parte responsables andaluces de los sindicatos de Industria de CCOO y de UGT y que tendrá lugar este próximo miércoles en la Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba. Los trabajadores de la centenaria factoría cordobesa esperan que esta reunión les permita "encontrar luz" para salir del túnel en el que les ha metido la propietaria de Locsa, la multinacional italoalemana KME, que pretende cerrar la fábrica cordobesa y prescindir de sus 120 trabajadores.

De hecho, los empleados de esta empresa metalúrgica se han concentrado este viernes ante la Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba para manifestar su rechazo al hecho de que KME haya despedido, "por causas objetivas y de la producción", a 12 empleados y previsto el traslado en agosto a sus instalaciones de Barcelona a otros once. A juicio Pozuelo, esta medida adoptada por la empresa, supone "una nueva agresión de KME dirigida contra los trabajadores de Locsa y contra las leyes de este país".

Además, KME ha comunicado los despidos y traslados cuando la producción de Locsa está paralizada desde el pasado 1 de julio, día en el que comenzaron las vacaciones pagadas y forzosas para todos los trabajadores que impuso la empresa, después de que la Junta de Andalucía rechazó, por verlo injustificado, el ERE que presentó KME como paso previo al cierre de la factoría cordobesa, teniendo ahora previsto la multinacional, con el mismo objetivo, instar un concurso de acreedores.

Entre tanto, la empresa, que alude a unas pérdidas acumuladas en cuatro años de 17 millones de euros, que los trabajadores achacan al desvío de producción de Locsa a fábricas de KME en Italia y Alemania, ha optado por el despido inmediato y el traslado en agosto de los citados 23 empleados, lo cual, según Pozuelo, "es una ilegalidad y el comité de empresa se está planteando querellarse, por lo penal, contra el administrador único de la empresa, Andrés Barallobre, pues esto es ya una agresión a los trabajadores que no se puede consentir".

A este respecto, Pozuelo ha señalado que "las administraciones no pueden admitir que esto pueda ocurrir, pues esto equivale a reírse de las leyes, de los trabajadores y de este país". Mientras, los trabajadores directamente afectados interpondrán demandas, a título individual, contra sus despidos y traslados, "para exigir el cumplimiento de la legalidad" por parte de KME, la cual, según los trabajadores, nunca ha tenido intención de vender Locsa a otro inversor para que mantenga la actividad y el empleo, ya que la centenaria factoría metalúrgica cordobesa le haría la competencia a las fábricas italianas y alemanas del Grupo KME.