La Junta inmoviliza más de 20 embarcaciones en la última semana en la provincia de Málaga

Los servicios de Inspección Pesquera de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil, han intervenido en la última semana en la provincia de Málaga un total de 21 embarcaciones que no cumplían con la normativa vigente.

Los servicios de Inspección Pesquera de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil, han intervenido en la última semana en la provincia de Málaga un total de 21 embarcaciones que no cumplían con la normativa vigente.

La más reciente de las dos operaciones llevadas a cabo en este periodo, por parte de inspectores pesqueros y guardias civiles dedicados a la vigilancia y control de la pesca furtiva e ilegal de pulpo en aguas interiores, ha tenido lugar en la madrugada de este pasado jueves en los puertos de Estepona y de La Duquesa, en Manilva.

Como resultado, se han inmovilizado ocho embarcaciones, decomisado 43 artes de pesca e intervenido 12,8 kilos de pulpo en el primero de los puertos, según han informado desde el Gobierno andaluz en un comunicado, en el que añaden que en el caso del puerto de La Duquesa, el número de barcos ha ascendido a cinco y las artes decomisadas a 43.

Por otra parte, este pasado miércoles tuvo lugar en el puerto de Málaga otra actuación que se ha saldado con la intervención de ocho embarcaciones que carecían de matrícula, un arte de pesca ilegal del tipo 'boliche' —red muy tupida utilizada para la captura de alevines de diferentes especies— y cerca de tres kilos de pescado de talla "muy inferior" a la reglamentaria.

Esta última operación se ha desarrollado en el marco del programa de lucha contra la pesca y comercialización de inmaduros que la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía desarrolla en colaboración con la Guardia Civil.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha recordado que la captura, transporte y comercialización de inmaduros, además de ser una actividad ilegal y "gravemente" perjudicial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, es una práctica que atenta contra la salud pública, ya que estos productos no pasan por ningún tipo de control sanitario.

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