Los animales muertos en la provincia de Ávila este año por los lobos han sido más de 60, con unas pérdidas económicas de más de 50.000 euros, según los datos de Asaja, organización agraria desde la que se reclaman "medidas eficaces ante la indefensión del ganadero por los ataques de lobos".

En rueda de prensa, el presidente de Asaja en Ávila, Joaquín Antonio Pino, reclamó a las administraciones competentes medidas "reales" para paliar la situación "insostenible" que viven los ganaderos, con precios "ruinosos" que no cubren los costes de producción, agravada por los continuos ataques de lobos.

Al respecto, lamentó la "indefensión" del ganadero ante estos ataques "indiscriminados" a la cabaña ganadera, y la "pasividad de todas las administraciones".

La organización agraria reclamó al Gobierno regional el cumplimiento de sus promesas electorales, en referencia al compromiso adquirido en Ávila por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para otorgar indemnizaciones rápidas a los ganaderos para hacer frente a los daños causados por los lobos.

En este sentido, el presidente de ASAJA-Ávila hizo referencia a la orden MAM/520/2011 de la Consejería de Medio Ambiente que contempla para este año indemnizaciones con una dotación presupuestaria para toda la Comunidad de 120.000 euros, si bien señaló que se trata de una cifra "irrisoria" que no cubre los costes ni contempla los precios reales de indemnización de los animales.

Además, pidió al consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, que en su próxima comparecencia en las Cortes Regionales el día 26 "muestre ese compromiso del Gobierno de Juan Vicente Herrera con los ganaderos de Ávila y de Castilla y León".

"Hace falta un control cinegético de la superpoblación de lobos existente", añadió antes de subrayar que "hace falta que se autoricen cacerías, que la población del lobo se controle y que la convivencia entre el lobo y el ganadero pueda ser pacífica como se ha convivido durante muchísimos años".

Pino señaló que la "debilidad" del Gobierno central tampoco facilita la resolución del problema, por lo que reclamó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a través del subdelegado del Gobierno, César Martín Montero, que "se pongan manos a la obra" y se coordinen ambas administraciones para propiciar los cambios normativos necesarios a nivel nacional y europeo para poder controlar la población de lobos.