Los Parlamentos de Francia y España han suscrito una declaración común con la que pretenden influir en los trabajos de las instituciones europeas para que no se reduzca el presupuesto de la Unión destinado a la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2007-2013.

El presidente de la Comisión Mixta Congreso Senado para la UE, Miguel Arias Cañete, y los portavoces del PSOE y PP en la Comisión, Juan Moscoso y Soledad Becerril, han presentado el documento a la prensa en el Congreso y han explicado que su intención es que las Cortes de otros países se adhieran a él. Según Cañete, ya se han iniciado contactos con Irlanda en este sentido.

El texto reconoce que la seguridad alimentaria y sanitaria "lejos de ser un objetivo anticuado o accesorio, es un objetivo estratégico para la UE" y defiende que la dotación que figura en el marco financiero plurianual 2007-2013 asignada a los gastos agrícolas "no sea reducida" y que "no se introduzcan elementos de renacionalización o de cofinanciación en su primer pilar".

Subraya que la convergencia de los niveles de ayuda entre Estados miembros "ha de ser progresiva y tomar en cuenta el contexto económico general" y defiende que se permita "cierto margen de flexibilidad a cada Estado" para aplicar la PAC y distribuir sus ayudas.

Pide que el "reverdecer" de la PAC no se traduzca en exigencias adicionales para los agricultores y que se promueva que los acuerdos de comercio que firme la UE con terceros países incluyan cláusulas que garanticen que las importaciones de productos agrícolas y ganaderos procedentes de estos países y que se comercialicen en la UE respeten las mismas normas de seguridad alimentaria (límites máximos de residuos, ausencia de utilización de pesticidas prohibidos...) que los europeos.

Aboga por que en la PAC reformada se incluyan "medidas eficaces" para reforzar el peso de los productores en la cadena alimentaria, incluyendo las necesarias modificaciones de la normativa reguladora de la competencia de acuerdo con la singularidad y especifidad del sector agrario, introduciendo excepciones que permitan una mejora efectiva de su capacidad de negociación.

Pide también que se promueva que en la PAC reformada se incluyan esquemas de apoyo específico para mejorar la capacidad empresarial y la competitividad de los agricultores, especialmente los titulares de pequeñas explotaciones.

Apuesta por establecer en la nueva PAC mecanismos eficaces de regulación de mercados, enteramente a cargo del presupuesto comunitario que constituyan una verdadera red de seguridad y de estabilización de precios en situaciones extremas de mercado y den respuesta adecuada a los problemas de volatibilidad de precios u otras crisis alimentarias.

Reclama por último que los fondos de desarrollo rural se orienten prioritariamente a mejorar la eficacia, competitividad y productividad de las explotaciones agrarias y de la industria agroalimentaria; a fomentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su acceso a la titularidad de los bienes agrícolas, y a impulsar la modernización de las explotaciones.