El TSJ suspende la descatalogación de los terrenos de una gravera de La Cistérniga (Valladolid), recurrida por EA

Ecologistas en Acción de Valladolid (EA) ha dado a conocer este jueves un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que suspende de forma cautelar la descatalogación de la protección medioambiental en los terrenos que ocupa la gravera de Áridos Sanz en el término municipal de La Cistérniga.
El Representante De Ecologistas En Acción, Javier Gutiérrez
El Representante De Ecologistas En Acción, Javier Gutiérrez
EUROPA PRESS
El Representante De Ecologistas En Acción, Javier Gutiérrez

Ecologistas en Acción de Valladolid (EA) ha dado a conocer este jueves un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que suspende de forma cautelar la descatalogación de la protección medioambiental en los terrenos que ocupa la gravera de Áridos Sanz en el término municipal de La Cistérniga.

Según ha explicado el representante de EA Javier Gutiérrez en declaraciones recogidas por Europa Press, la decisión del Alto tribunal se ha tomado de forma cautelar antes de que se pronuncie sobre el fondo del recurso presentado por la organización ecologista contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de noviembre de 2009 que descatalogaba la protección medioambiental de los terrenos y legalizaba la actividad de la gravera.

Gutiérrez ha recalcado que la empresa ya no puede continuar la actividad en estas instalaciones, situadas en el paraje de La Cistérniga conocido como Fuentes del Duero, al mismo tiempo que ha apuntado que "en el 100 por ciento de los casos" cuando se aceptan las medidas cautelares, el TSJCyL se pronuncia a favor del recurso.

La modificación del PGOU de La Cistérniga que fue recurrida por EA recalificó la finca agrícola de suelo rústico con protección agropecuaria a suelo rústico común para permitir la actividad de la gravera, que inició su actividad en 2006, en unos terrenos que, como ha apuntado Gutiérrez, están protegidos por las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno (Dotvaent).

La primera acción judicial de EA se remonta a febrero de 2006, cuando denunció el funcionamiento de la gravera en los terrenos protegidos, lo que dio pie a que la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, según Gutiérrez, ordenara la "paralización inmediata", pues había tenido declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio de Ambiente por afectar a un espacio con dos catalogaciones de protección.

Sin embargo, siempre según la versión de la organización ecologista, la Consejería de Fomento aprobó una modificación de las Dotvaent "de forma concertada con la empresa infractora" para descatalogar aquellos terrenos que tuvieran otorgada la licencia para la explotación de áridos. Así, el Ayuntamiento de La Cistérniga inició la modificación del PGOU, que obtuvo el visto bueno de la Junta a través de la Comisión Territorial de Urbanismo.

El auto sobre el que se ha pronunciado este jueves EA señala que la modificación suspendida "se acordó omitiendo la preceptiva evaluación ambiental, declarando prevalente el interés público en la protección de los valores medioambientales" antes del interés particular de la empresa minera.

Por ello, EA se ha felicitado por la resolución judicial y ha reprochado que el consejero de Fomento, Antonio Silván, el ex delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla, y el Ayuntamiento de La Cistérniga pretendieron "sacrificar el interés general representado por la protección de la finca de regadío en la vega del río al interés particular de la empresa minera".

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