El Gobierno vasco firmó ayer con el central un acuerdo para la introducción de mejoras en la futura Ley de Dependencia, que será aprobada hoy por el Consejo de Ministros. «Hemos hecho una ley revolucionaria, la que quieren los ciudadanos», explicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien aseguró además que ésta será «una de las leyes que más apoyos va a recibir desde la instauración de la democracia».

La principal mejora aportada por el Ejecutivo vasco es la eliminación de todo tipo de restricción en las ayudas por motivos de edad, ya que antes la ley sólo preveía la prestación para las personas dependientes de entre tres y 65 años. Además, las ayudas se amplían a otros colectivos, como enfermos mentales o discapacitados.

Esta prestación se convierte de así en un derecho universal, por lo que será exigible ante la Administración o ante los tribunales, si fuera necesario. «La ley servirá para mejorar la atención, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familias», apuntó el consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.

Antes de su entrada en vigor, en enero de 2007, Euskadi recibirá 9 millones de euros, vía descuento del cupo, para financiar durante este año programas de atención a personas dependientes.

No descartan la ayuda económica

La futura Ley de Dependencia tiene una orientación preferente para la prestación de servicios por parte de profesionales, por lo que su principal actividad se hará en torno a ayudas en el domicilio, centros de día o residencias. No obstante, no se descarta la posibilidad de conceder ayuda económica cuando los servicios no puedan ser prestados directamente y haya que comprarlos, o en otros casos excepcionales.