Grupo Cavanedo desembarcará en CyL y abrirá una oficina con 12 empleados para trabajar con administradores de fincas

Firma un acuerdo con el Consejo de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas
Fernández (I) Y Díez (D)
Fernández (I) Y Díez (D)
EUROPA PRESS
Fernández (I) Y Díez (D)

El Grupo Cavanedo, dedicado a la construcción e impermeabilización, desembarcará el próximo año en Castilla y León y abrirá una oficina, probablemente en la capital vallisoletana, con doce empleados, con el objetivo de asesorar y trabajar con los administradores de fincas y con las comunidades de propietarios.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Grupo Cavanedo, Fernado Fernández, durante la firma de un acuerdo de colaboración con el presidente del Consejo de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Castilla y León, Salvador Díez Lloris.

En virtud de este acuerdo, con una duración de cinco años, Grupo Cavanedo, con sede en Madrid, se compromete a participar en los eventos y actividades que organice el Consejo, como las jornadas de formación que tendrán lugar el próximo mes de octubre en León, así como a la prestación de servicio de construcción tanto a los administradores de fincas como a las comunidades de vecinos.

Fernando Fernández ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el desembarco en la Comunidad se acometerá a finales del próximo año 2012 o principio de 2013 al tiempo que ha precisado que el Grupo se ha especializado en la rehabilitación y conservación de los edificios y las fincas "porque en la actualidad el sector de obra nueva está parado y no parece que en 5 u 8 años haya un levantamiento".

Por su parte, Salvador Díez LLoris ha reconocido que en el sector de los administradores de fincas se está manteniendo la actividad a pesar de la crisis económica que ha golpeado a la construcción aunque ha precisado que si se ha notado "un incremento de la morosidad" en las comunidades de propietarios.

Aunque no ha podido precisar cuánto es dicho aumento, ha explicado que "preocupa" la morosidad generada por las empresas promotoras que están en quiebra, con EREs o han desaparecido "y que son propietarias de un elevado porcentaje de viviendas de las que no pagan la comunidad".

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