En el Programa Anual sobre Control Integral de Actuaciones Pesqueras (Paciap), varias patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en colaboración con la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat valenciana, realizaron el pasado miércoles día 13, en el puerto de Altea, una inspección ante la posible comercialización de pescado inmaduro.

Así, en el curso de este control, los efectivos descubrieron que en las instalaciones de la cofradía de pescadores se había comercializado en primera venta una gran cantidad de pescado fresco, en concreto sardinas que se encontraban en cajas de madera de entre 10 y 11 kilogramos cada una paletizadas.

Posteriormente, los efectivos comprobaron que entre el pescado existente había una partida de 2.591 cajas, con un peso aproximado de 25.910 kilogramos, que contenía sardinas de pequeño tamaño. En ese momento, se procedió a realizar la extracción de varios ejemplares de distintas cajas para realizar la medición y pesaje de muestreo, lo que dió un resultado global de ambas muestras de un 45 por ciento de ejemplares no reglamentarios.

Ante el alto porcentaje de irregularidad obtenido de la medición previa, se insta al propietario a realizar la separación de ejemplares con tallaje reglamentario de los que no lo son, mediante la comprobación por cajas.

Del total de éstas, le son devueltas 1.200, con un peso aproximado de 12.000 kilos, que sí se ajustan a las medidas reglamentarias, por lo que el resto de pescado quedó incautado, con un peso total aproximado de 13.910 kilogramos.

Dada la imposibilidad de almacenaje y transporte para distribución entre centros benéficos y ante el deterioro sanitario de la sardina, los agentes acordaron su devolución al mar.

Además, estas sardinas habían sido comercializadas a un precio muy inferior al de mercado, que oscilaba entre los 30 y los 50 céntimos por kilogramo. Éstas fueron compradas por mercantiles mayoristas de pescado, cuyo destino final era la industria conservera o como cebo para pesca de otras especies.

Con esta actuación, la Guardia Civil, en colaboración con Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat valenciana, ha logrado impedir la puesta en circulación de una importante cantidad de pescado inmaduro, que no se ajustaba a la talla reglamentaria para su comercialización.