Más de 300 personas afectadas por las sentencias de derribo se han reunido este domingo en el Centro Cultural de Argoños, donde representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, les ha informado de la situación actual de este problema, así como de los últimas actuaciones judiciales y las diferentes reuniones y acuerdos alcanzados con las Administraciones.

Entre otras cuestiones, AMA ha indicado a los afectados que la Mesa del Parlamento de Cantabria ha decidido admitir a trámite las propuestas presentadas por la Asociación relativas al conflicto de competencias por la no aplicación de la Ley del Suelo por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), así como la posibilidad de una modificación del preámbulo de esta norma, para que no dé lugar a interpretaciones que "no se ajustan la verdadera intencionalidad de la ley", según explica AMA.

En un comunicado, este colectivo recuerda que también pedían a la Cámara que las leyes "no sean papel mojado", sino "normas de aplicación para todos lo ciudadanos e instituciones".

También han trasladado a los afectados la posibilidad de que el TSJC plante una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma de la Ley del Suelo que contempla indemnizar a los afectados antes de que se produzcan los derribos.

En este sentido, AMA —que no duda de la competencia del TSJC para tomar esta medida— destaca que la norma "es constitucional y garantista de los de derechos de lo ciudadanos" y, además, "para nada impide la ejecución de sentencias".

También ha trasladado los resultados de los contactos y reuniones mantenidas con el nuevo Gobierno de Cantabria y ha valorado los "puntos de encuentro" en la "búsqueda de soluciones para los afectados", entre otros asuntos.