El consejero delegado de Refinería Balboa, Juan Sillero, ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "ya" y ha añadido si el proyecto industrial aún no es una realidad, tras ocho años, no es por un "problema técnico" sino por "falta de voluntad política".

"Entendemos que alguien ha decido que a Extremadura le cueste más trabajo hacer algunas cosas que al resto del Estado", ha aseverado Sillero, para lo que ha puesto de ejemplo que algunos proyectos similares como una refinería en Cartagena o la ampliación de la de Huelva se han materializado antes que la extremeña, a pesar de haber comenzado sus trámites con posterioridad.

Además, Sillero ha asegurado que lo que Refinería Balboa necesita de la Junta de Extremadura no es tanto el dinero público que iba a invertir en el proyecto sino en el "acompañamiento como promotor" del mismo. Al respecto, ha remarcado que "nunca" les ha preocupado la cuantía que la Junta iba a destinar a esta iniciativa.

Ha insistido en que este proyecto industrial no es una empresa más del Grupo Industrial Alfonso Gallardo, sino que es una iniciativa "para Extremadura y para los extremeños", lo que queda de manifiesto con el hecho de que la sede social de la empresa será "siempre" la región, al margen de que el nuevo Ejecutivo regional haya anunciado que no aportará dinero al proyecto.

Para el consejero delegado de Refinería Balboa, la región no se puede permitir "de ningún modo" que este proyecto no salga adelante, tras lo cual ha sentenciado que la refinería "o se hace en Extremadura o no se hace".

Proyecto "viable"

La iniciativa es "viable" técnica, económica y medioambientalmente, según ha defendido el director del proyecto, Edgar Rasquin, y, en caso de que la Junta no aportase el 20% inicialmente comprometido, este proyecto podría continuar, según ha asegurado Sillero, a preguntas de los periodistas.

Además, prevé crear 3.000 puestos directos e indirectos en su fase de operación, además de puntas de más de 6.000 durante el periodo de construcción.

ACCIONARIADO

El accionariado del proyecto es el mismo que al principio, excepto Iberdrola que ha expresado el deseo de abandonar la iniciativa. De esta forma, el Grupo Gallardo tendría la mayor parte; y le seguirían la Junta, a través de Avante, (20%); BBVA (10%); Caja Madrid (10%); y Caja de Extremadura (3%).

Hasta la fecha, los promotores han aportado 50 millones de euros al proyecto, lo que representa una "apuesta clara" por dicha iniciativa.

A este respecto, ha indicado que dentro de este grupo promotor inicial están "las bases" del futuro accionariado, pero que no es una "estructura final".

"El planteamiento inicial, es el planteamiento de la promoción, luego algunos se diluirán y otros ampliarán capital; dentro de lo que es la participación de la Junta, en ningún momento pensábamos que iba a seguir acompañando las inversiones futuras, o las ampliaciones futuras, en la medida de su participación", ha dicho Sillero, quien ha añadido que "no" sabe "exactamente en qué se concretan las declaraciones realizadas por parte de la Junta" (Monago), en el sentido de que el Ejecutivo regional no aportará dinero al proyecto de refinería.

El consejero delegado ha indicado que el presidente de la Junta no se ha puesto en contacto aún con el grupo pero se imagina que se producirá una reunión, aunque en estos momentos "no es decisivo" dicho encuentro.

Proyecto de unas "dimensiones enormes"

El proyecto de la Refinería Balboa ha sido calificado por Sillero como de "dimensiones enormes" por lo que en todo caso serían necesarios "accionistas más importantes" que acompañarían al proyecto en fases posteriores.

Al respecto ha anunciado que ya están en conversaciones con esos posibles nuevos socios que serían dos compañías "no españolas" del sector petrolero.

Pero, en este sentido, ha asegurado que "si no hay DIA no hay proyecto", por lo que ha dicho los "socios de verdad no aparecerán si no hay DIA". Este es un proyecto que sin DIA "no existe".

Preguntado por si las últimas declaraciones de Monago sobre este proyecto industrial podrían estar condicionadas por los tres diputados de IU en la Asamblea de Extremadura, que con su abstención han permitido que el 'popular' fuera investido presidente, Juan Sillero, ha preferido no entrar en esta cuestión aunque ha matizado que "no" lo cree.

Juan Sillero igualmente ha asegurado en la rueda de prensa que, desde el inicio del mismo, hasta "tres comunidades autónomas" han requerido que el proyecto vaya a esas regiones, aunque no ha querido adelantar cuáles son. 3.000

Millones de impuestos anuales

El consejero delegado de Refinería Balboa ha hecho hincapié también en el que este proyecto generará 3.000 millones de euros de impuestos al año, de los que una parte "muy importante" serán para la región.

Independientemente de este hecho, Juan Sillero ha considerado importante para cualquier comunidad tener una base industrial que permita generar riqueza y empleo, algo de lo que "ha carecido" Extremadura y, en su opinión, la refinería es un "primer paso" para ese fomento del tejido industrial.

"No se puede hacer I+D+i sobre un rebaño de ovejas", ha llegado a decir.

Por su parte, el director del proyecto de Refinería Balboa, Egdar Rasquin, se ha referido a dos informes recientes sobre este proyecto industrial, uno de la misión conjunta de la Unesco que inspeccionó el Parque Nacional de Doñana y otro informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Respecto al informe de la Unesco y su incidencia en Doñana, Rasquín ha puesto de relevancia que no es vinculante y que se ha realizado en base a datos no actualizados del proyecto, ya que la alternativa seleccionada para el trazado del oleoducto establece que el punto más cercano, por el que pasaría respecto al Parque Nacional de Doñana, está situado a 20 kilómetros.

Esta alternativa seleccionada es la que presenta menor afección ambiental y ha seguido "en todo momento" las recomendaciones legales y ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía y Extremadura.

Sobre el otro informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta andaluza, Rasquin ha subrayado que cuestiona aspectos de estudios e informes ya realizados y aportados por el grupo industrial.

"Estos informes (los de la Junta de Andalucía) abordan aspectos de nuestros estudios que no tienen mucho sentido; esos aspectos estaban ya respondidos en estudios e informes que ya aportamos, por lo que pensamos que no fueron entendidos por esa administración", ha asegurado Edgar Rasquin, quien ha añadido que dichos informes "corresponden a requerimientos que según la legislación actual corresponden a una fase del proyecto diferente" a la que está.

"Ninguno de los aspectos destacados en este informe son relevantes para valorar la viabilidad ambiental del proyecto", ha aseverado.