El diputado 'popular' en las Corts Valencianes y ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación, Rafael Betoret, además de ser juzgados por la 'causa de los trajes', están pendientes de la instrucción que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha iniciado sobre la conocida como presunta financiación irregular del PPCV, y en la que sus nombres aparecen vinculados con delitos electorales y falsedad, en el primer caso, y prevaricación y cohecho en el segundo.

Esta es la segunda causa derivada de Gürtel que se instruye en el TSJCV, y sobre la que durante un tiempo ha planeado la posibilidad de que se acumulara a la de los trajes. En un auto del pasado 4 de julio, la sala de lo civil y penal acordó que ambos procedimientos siguieran cursos separados dado el estado procesal de la centrada en un presunto delito de cohecho pasivo impropio —por el que también serán juzgados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos—, la duración de la instrucción y las diligencias practicadas.

Asimismo, tuvo en cuenta las conclusiones asumidas por el instructor de la 'causa de los trajes', José Flors, que nunca ha visto relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

La sala, de esta forma, rechazaba acceder a la acumulación de los dos procedimientos, que había solicitado el ministerio fiscal y el PSPV, que ejerce la acción popular, a raíz de la decisión acordada en mayo de 2010 por el magistrado que instruye la causa en Madrid, Antonio Pedreira, de inhibirse parcialmente de tres tipos de delitos que se habrían cometido en la Comunitat Valenciana: delito electoral por los comicios de 2007; falsedad en documento mercantil y prevaricación y cohecho por la contratación pública adjudicada por la Generalitat a la mercantil Orange Market.

El alto tribunal valenciano, que nombró instructor de estas últimas diligencias al magistrado José Francisco Ceres, continuará su tramitación. No obstante, en el plazo de los tres días habilitados para presentar recurso, alguna parte sí que lo ha hecho efectivo.

En el auto de inhibición al TSJCV, Pedreira planteaba que el delito electoral —sin perjuicio de lo que posteriormente resultara de la instrucción— era presuntamente atribuible a los administradores electorales del PP Luis Bárcenas y Cristina Vidal por autoría directa y como copartícipes los actuales diputados 'populares' Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, así como otras personas no aforadas, entre ellos los denominados y no identificados 'El príncipe' y 'El cantante'.

Asimismo, incluía a los gestores efectivos de Orange Market —Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo, y los gestores efectivos de

Facsa sa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF.

Como hechos que pudieran ser constitutivos de falsedad en documento mercantil de 2008, resultaban presuntamente atribuibles a los gestores de orange Market y a los de las coedades FACSA, Enrique Ortiz, PIAF, Lubasa, Fundación Sedesa, Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios y al 'Príncipe' y 'Cantante' y a las mismas personas aforadas que en el anterior delito.

En cuanto a la posible prevaricación y cohecho por la contratación pública adjudicada por la Generalitat con Orange Market respecto a las contrataciones de Fitur entre 2005 y 2009, los hechos, de acuerdo con el auto de inhibición, serían atribuibles a la expresidenta de las Corts y diputada, Milagrosa Martínez, y al exvicepresidente del Consell y parlamentario, Vicente Rambla, a Rafael Betoret y a gestores de Orange Market.

La sala, en el auto en el que rechazaba la acumulación, explicaba que sobre el delito electoral y falsedad en documento mercantil, no existe coincidencia de personas ya que tres de los cuatro imputados en la causa de los trajes —Camps, Campos y Betoret— no aparecen en la atribución de esas conductas. Sobre la prevaricación y el cohecho, afirma que tampoco existe una identidad subjetiva al no coincidir las personas, puesto que, en este caso, Camps, Campos y Costa no aparecen mencionados.