El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mata, ha considerado "importante y esencial" para el funcionamiento económico de la región que se paguen las facturas que el Gobierno regional debe a los empresarios, después de que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal haya cifrado en 1.700 millones de euros las que el anterior Gobierno socialista ha dejado a deber.

A preguntas de los medios, tras presentar el contenido del Informe Socioeconómico de 2010, Mata ha recordado que el CES no se dedica a "contar" las facturas porque no son interventores, pero ha abundado en la necesidad de que esos pagos se hagan efectivos ya que detrás de ellos "hay cientos de empresas y miles de trabajadores", algunos de los cuales se han visto obligados a encerrarse o incluso "hacer huelgas".

Por ello, lo que el CES ha planteado es la necesidad de que "se reduzca la morosidad y se pague al sector privado los servicios prestados a las distintas administraciones". Algo que también figura en el Informe Socioeconómico de 2010 elaborado por este organismo, donde se considera que el déficit de las Administraciones públicas ha alcanzado "dimensiones preocupantes".

A juicio del CES, según se refleja en ese documento, los poderes públicos deben ser "especialmente cuidadosos" en la planificación y ejecución de sus actuaciones y en el control del gasto público "para asegurar la máxima eficiencia, intentando lograr sus objetivos al mínimo coste posible".

A pesar de ello, y a preguntas de los medios, Juan Antonio Mata ha reconocido que en el Informe Socioeconómico no se incluyen recomendaciones sobre la posibilidad de realizar cambios en la fiscalidad. Según ha comentado, el Informe se realiza "desde el consenso y el acuerdo" y el de la fiscalidad es "un tema que no pone de acuerdo" y, por lo tanto, "se deja aparcado".

Finalmente, respecto a la auditoria de las Cuentas públicas, Mata ha recordado que la región cuenta con "dos instrumentos propios" como son la Intervención de la Junta y la Sindicatura de Cuentas, por lo que "no hay que recurrir a ninguna empresa privada externa que cobre por ello" pues "eso sí que sería un gasto superfluo".