La patronal de la distribución farmacéutica (FEDIFAR) se ha sumado a las críticas que desde el sector le están llegando a la Consejería andaluza de Salud con el decreto que está preparando por la vía urgente que permitirá, entre otras medidas de contención del gasto sanitario, la licitación mediante concurso público al que podrán optar los laboratorios de los medicamentos que se dispensan en las boticas andaluzas con cargo al erario público andaluz.

Para FEDIFAR, esta medida "pone en peligro" el actual acceso de los pacientes a sus tratamientos, ya que el decreto que autoriza el concurso público de fármacos "juega con el equilibrio de las economías de los agentes de la cadena del medicamento".

"Las empresas de distribución farmacéutica son las que hacen posible que los ciudadanos encuentren todos sus medicamentos en las farmacias, los de más precio y los que cuestan menos, gracias a que las ganancias en el suministro de unos cubren las pérdidas que ocasionan el suministro de los otros", han señalado en un comunicado.

Además, ha alertado de que si las comunidades "siguen alterando las reglas del juego establecidas", la distribución farmacéutica "tendrá que replantearse el servicio que presta, ya que se está poniendo en riesgo su supervivencia".

Junto a ello, ha alertado de que dejar en manos "de un solo fabricante" el suministro de un principio activo "supone un riesgo para el adecuado abastecimiento del mercado", a la par que "limita y pone en riesgo el actual acceso de la ciudadanía andaluza a los medicamentos".

"El afán por ahorrar en la factura pública en medicamentos está llevando a muchas comunidades a tomar medidas unilaterales que rozan la ilegalidad y que, sobre todo, discriminan a las personas que viven en estas regiones al limitar su acceso a los medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad, en el ejercicio de sus competencias", han argumentado.

En el caso andaluz, FEDIFAR sostiene que condicionar el suministro de una población de 8,4 millones de habitantes a un solo fabricante —o a dos, como prevé la Junta— conlleva un "enorme riesgo para la continuidad de los tratamientos, ya que podrían darse faltas de suministro por cualquier desajuste imprevisto e impredecible en la producción".

Alega que la distribución mayorista de gama completa, que representa el 97 por ciento del suministro de las farmacias, basa su actividad en el modelo solidario de distribución: los productos de más precio y más rotación que se llevan a las farmacias más rentables compensan el transporte de los de menor precio y menor rotación a las farmacias menos rentables y, casi siempre, más alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Así, prosigue desde la distribución que al sacar productos del canal de oficina de farmacia o al rebajar los fármacos "hasta umbrales inasumibles" la balanza empieza a decantarse hacia el déficit.

"Cuando pesen más las pérdidas que las ganancias, la distribución mayorista tendrá que replantearse el servicio que presta, al igual que las boticas. Esto afectará irremediablemente a la ciudadanía", han proseguido.

Finalmente, han afirmado que las nuevas medidas de recorte de las autonomías se unen a los "retrasos en el pago de la factura farmacéutica" que se están viviendo en muchas comunidades, donde los gobiernos regionales "no están abonando a los colegios de farmacéuticos la factura de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y vendidos en las farmacias".