El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe (Granada) ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y siete concejales de su anterior equipo de gobierno al apreciar indicios de un delito de prevaricación en la ampliación del edificio consistorial.

En concreto, la juez considera en un auto fechado el 13 de junio, al que tuvo acceso Europa Press, que el alcalde de Otura y los miembros de la corporación local votaron en pleno a favor de la adquisición de un inmueble para la ampliación del Consistorio "a sabiendas presuntamente de que "se abonaría por él una cantidad superior a su valor de mercado y que la compraventa se financiaba con fondos provenientes del Patrimonio Público (actuación expresamente prohibida por las normas administrativas vigentes)".

El auto judicial también señala que los imputados conocían de la existencia de una oferta por parte del propietario de otro inmueble colindante al Ayuntamiento "que podría resultar más ventajosa en atención a datos como son mayor superficie y mejor situación e igual precio de venta ofertado".

La juez añade que el alcalde y su equipo "votaron a favor de la aprobación del expediente de contratación, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, los pliegos de cláusulas y la adjudicación del contrato a favor del titular del inmueble (situado en la calle Cruz de Otura), a sabiendas presuntamente de la existencia de informes técnicos y documentos técnico-valorativos contrarios a tal actuación".

Una actuación del regidor que la juez tacha en su auto de "arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia apreciándose presuntamente una conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la decisión", por lo que los hechos instruidos presentan, a su juicio, "los caracteres de un presunto delito de prevaricación castigado en el Código Penal con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público".

De la investigación judicial también se desprende que con anterioridad a la votación para la adquisición del inmueble, "los miembros de la Corporación presuntamente conocían los informes relativos a la materia sometida a votación (entre ellos, el informe del arquitecto técnico municipal de 15 de octubre de 2007, el informe de la interventora de 18 de octubre de 2007 y los informes del secretario de ayuntamiento de 18 de octubre de 2007 y de 24 de octubre de 2007,) y la normativa administrativa en relación al destino de fondos del patrimonio público del suelo", concluye el auto.