El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha confiado este martes en que "la inmensa mayoría" de las indemnizaciones por derribos quedarán "resueltas" en el tiempo que se demore la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la posible inconstitucionalidad de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para indemnizar a los afectados antes de la demolición.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Fernández ha recalcado que, hasta que el TC no se pronuncie, "se presume que la ley es válida y constitucional" y "hay que seguir aplicándola".

Por tanto, "es evidente que la ley hay que aplicarla" para "resolver y culminar" los procedimientos administrativos sobre "posibles reclamaciones" de responsabilidad patrimonial, ha añadido.

En esta línea, el consejero ha destacado que, desde el punto de vista práctico, "no hay que temer en exceso las consecuencias" de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de pedir al TC que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la reforma.

Es más, ha destacado que hay que ser "optimistas", porque, a su juicio, este proceso permitirá "ayudar a solucionar los problemas reales".

Según Fernández, el Gobierno de Cantabria considera que la ley es "constitucional", un parecer que defenderá con "todos sus argumentos".

Así, ha asegurado que la reforma de esta ley se ha hecho en "el ejercicio de competencias autonómicas en materia de urbanismo y en distintas materias" que legitimaban al Parlamento de Cantabria para aprobar la modificación.

De todas maneras, el consejero también comprende "perfectamente" que los tribunales y órganos jurisdiccionales discrepen y tengan "dudas sobre la constitucionalidad". "Están en su derecho", ha apostillado.

Reunión ama

Por lo que respecta a la reunión que mantendrá este martes con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), servirá para conocer cuál es su visión del problema de las sentencias de derribo y para plantearles la visión que la Consejería tiene sobre "cómo afrontarlo".

Fernández ha señalado que el Gobierno regional va a trasladar el mismo discurso a "todas las partes implicadas" porque la fórmula para afrontar el problema es "la misma" para todos.

La intención es hablar con todas las partes para, "entre todos", introducir las modificaciones o variantes que sean "necesarias", pero siempre primarán unos "criterios ineludibles": el respeto a las decisiones judiciales, el respeto a la legislación vigente y el respeto a los derechos de los afectados, ha indicado.

Además, el consejero ha destacado que habrá que establecer un calendario "lo suficientemente razonable como para poder afrontar el problema", ya que tiene "unas dimensiones económicas" que han de afrontarse con "racionalidad", porque, de lo contrario, el problema sería "inasumible" para la comunidad autónoma.