Las compañías eléctricas tendrán tres meses para disponer de un servicio gratuito de atención telefónica, según el anteproyecto de ley del Sector Eléctrico que el Consejo de Ministros ha remitido este viernes a las Cortes. Además, las empresas comercializadoras de energía eléctrica deberán desglosar en la factura del consumidor los diferentes costes.

Si estas empresas no cumplen los plazos para tener esos servicios de atención al cliente, incluido uno de reclamaciones con dirección postal, podrán enfrentarse a multas de hasta el 10% de su volumen neto de negocio.

El anteproyecto de ley también adapta el concepto comunitario de "consumidor vulnerable" para asimilarlo al "bono social" existente en España. El bono social, con tres millones de clientes acogidos, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el anteproyecto incorpora las directivas europeas e incluye normas para favorecer la competencia.

La nueva norma será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate a partir del mes de septiembre y su posterior convalidación con rango de ley.

A principios del mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de servicios de atención al Cliente que, entre otras medidas, impedirá que éstos proporcionen ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea usado para ofrecer otros productos. El objetivo fundamental de la medida es paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos.

Además persigue fijar un plazo máximo de un mes para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea "gratuita, ágil y personalizada".