La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha decidido elevar formalmente al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el conflicto de competencias sobre las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años.

En una providencia dictada este viernes, la juez Mercedes Alaya señala además que las actas, que se encuentran custodiadas en sede judicial, se encuentran "a disposición" de la Junta de Andalucía desde la notificación del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que levantaba dicha medida cautelar, por lo que subraya que el juzgado "no tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres", como este jueves le demandó la administración autonómica. (((

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