El mexicano Humberto Leal fue ejecutado este jueves en Texas, EE UU con una inyección letal, después de que el Tribunal Supremo de este país se negase a detener su muerte, y como consecuencia del silencio del gobernador Rick Perry, quien pudo haber concedido una suspensión de 30 días.

Leal, de 38 años y originario de Monterrey, México, fue condenado a la pena capital en 1994 por la violación y asesinato de Adria Sauceda, de 16 años, en el condado de Bexar (Texas).

Sandra Babcock, que encabezaba la defensa de Leal, indicó que "EE UU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley y, trágicament,e el señor Leal sufrió las consecuencias".

La abogada afirmó que el reo mexicano "fue ejecutado esta noche a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados", y añadió que, de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal "habría tenido una oportunidad de real de probar que no era culpable de asesinato".

El Gobierno del presidente Barack Obama solicitó el pasado martes al estado de Texas que postergase la ejecución, debido a que el reo no fue informado en el momento apropiado de su derecho a un consejo diplomático, algo a lo que, como ciudadano extranjero, tiene derecho bajo la Convención de Viena de Relaciones Consulares.

La portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland explicó que el Gobierno federal presentó el pasado 1 de julio un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos respaldando el intento de Humberto Leal García por postergar su ejecución hasta fines de año.

La Junta de Perdón y Fianzas de Texas había negado ese mismo día una solicitud de Leal para un aplazamiento o cambio de su sentencia, lo que dejaba cualquier decisión definitiva sobre su destino a la Corte Suprema o al gobernador de Texas.

Funcionarios de Texas sostienen que Leal García realizó declaraciones a las autoridades antes de estar bajo custodia y, por lo tanto, se encuentran fuera de la cobertura de la Convención de Viena.

El Gobierno de Obama instó a la Corte Suprema a postergar la ejecución para que el Congreso pudiese aprobar una ley que daría a Leal y a otros ciudadanos extranjeros el derecho a una revisión federal de su reclamo de que no se le dio la opción de asesoría consular.

La Casa Blanca advirtió de que el permitir esta ejecución tendría "graves repercusiones" en las relaciones internacionales de Estados Unidos e implicaciones para los estadounidenses arrestados en el extranjero.

"Estados Unidos se posiciona mejor para exigir que los gobiernos extranjeros respeten los derechos consulares de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero cuando cumplimos con las mismas obligaciones con los ciudadanos extranjeros en Estados Unidos", dijeron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el Secretario de Justicia, Eric Holder, a través de una carta el pasado 28 de junio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó en 2005 a Estados Unidos la revisión de los casos de 50 mexicanos condenados a muerte.

El fallo de esta corte se basaba en que Estados Unidos incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.

Las autoridades de Texas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de Estados Unidos y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

Leal recibió este jueves por la mañana las últimas visitas de sus amigos y familiares, entre ellos su hermana Mary, que estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados.

El reo eligió como última cena tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca cola.