El equipo de Gobierno de la Universitat de València (UV) ha mostrado este jueves su "solidaridad y afecto institucional y personal" al profesor de Sociología Vicent Flor, a quien el pasado martes grupos de ultraderecha boicotearon la presentación de un libro sobre el anticatalanismo y ha lamentado el "ataque" a la libertad de expresión producido.

En un comunicado, la UV ha destacado que la obra 'Noves glòries a Espanya', es un ensayo "riguroso" del profesor, basado en su tesis doctoral, y ha recordado el "compromiso" de la institución "en la defensa de la libertad de expresión y de la difusión del pensamiento crítico, fundamentos del diálego democrático" y que fueron "atacados" este martes.

En palabras del rector, "intentar obstaculizar un acto de cultura —la presentación de un ensayo en una librería- confina a los autores de la agresión lejos del sistema de libertades construido y defendido por la inmensa mayoría de la sociedad valenciana".

La UV ha reiterado su apuesta "por el diálogo democrático, su denuncia de la violencia política de todo signo y su esperanza en que la sociedad valenciana continuará sabiendo asilar a las minorías violentas que buscan frenar la difusión de la cultura, de la ciencia y del pensamiento en una sociedad plural y democrática".

Los hechos sucedieron el pasado martes cuando personas de grupos de ultraderecha boicoteraon la presentación del libro, en la que se encontraba el autor y la diputada de Compromís Mònica Oltra, que presentaba el acto, entre otros asistentes. La Policía intervino y realizó 15 identificaciones con el resultado de un detenido por un presunto delito de desórdenes públicos, injurias graves y resistencia a la autoridad, que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción y pasó a disposición judicial.

El detenido, el responsable del Grup d'Acció Valencianista (GAV), Juan García Sentandreu, quedó en libertad a última hora de este miércoles tras prestar declaración en el juzgado, con la obligación de presentarse ante este órgano el primer martes de cada mes, imputado por un delito de desobediencia, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Respecto al resto de identificados, según Delegación del Gobierno, cinco de ellos han sido imputados por presuntos delitos de desórdenes públicos y los otros nueve han sido propuestos para sanción administrativa por vulnerar la ley de Seguridad Ciudadana.