El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, considera "muy positiva" la propuesta de separar la instrucción judicial de las medidas que pueda imponer el juez a una persona imputada. Belloch es juez en excedencia y ha sido ministro de Justicia e Interior.

En la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Centro de Incubación de Empresas (CIEM), en Zaragoza, el primer edil ha rehusado valorar globalmente el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) elaborado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dado que su cargo actual se circunscribe a la capital aragonesa.

Sin embargo, ha opinado que "si un juez —instructor— tiene en su mano la capacidad para instruir y decidir si entra en prisión —un imputado— las garantías del ciudadano no existen", a lo que ha añadido que "todos los ministros de Justicia lo hemos intentado y ninguno lo hemos logrado".

También ha indicado que "siempre" ha habido "polémica" en torno al papel de los fiscales, colectivo al que el borrador de Caamaño entrega la instrucción de los casos.

Otro aspecto "importante" de la propuesta de reforma, ha continuado Belloch, es la limitación del tiempo que debe transcurrir un proceso judicial. "No puede ser que las personas estén pendientes 10 años", ha dicho.

El juez en excedencia ha indicado que el plazo que marque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no debe ser "rígido", sino "flexible" y lo deben conceder los jueces "en función de la complejidad del caso". BORRADOR

El Gobierno está preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal.

Francisco Caamaño ha defendido el proyecto, aunque ha reconocido que es "sólo un borrador", porque recogerá garantías constitucionales que la actual norma no recoge y sí lo hacen los tribunales Constitucional y Supremo. En cambio, al PP no le ha gustado el proyecto, porque no garantizará la independencia en las investigaciones.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido este martes la existencia de un borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla, entre otras medidas, que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal.

Ahora, el objetivo del Ejecutivo no será aprobar la nueva norma antes de agotar la legislatura, sino que "por encima de todo se consiga un consenso total en el Congreso por parte de todas las fuerzas políticas".