El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, considera que las medidas de activación económica desarrolladas hasta ahora "han comenzado a dar el resultado esperado" y los indicadores económicos, "aunque débiles, muestran con claridad la recuperación del proceso de crecimiento en Andalucía".

Griñán ha realizado estas declaraciones durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía en el que se ha elevado la Memoria Anual de 2010 de este organismo, con sede en Granada, al Consejo de Gobierno de la Junta.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que todos los "esfuerzos" de la Junta se centran en combatir los efectos adversos de la crisis, especialmente el desempleo, y dentro de este objetivo ha aludido a las iniciativas emprendidas para fortalecer los sectores clave de la economía andaluza, con normativas como la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera o la Ley del Olivar, evaluadas por el Consejo Consultivo el año pasado y aprobadas en el Parlamento.

A su juicio, la complejidad del contexto social y económico exige un esfuerzo en la elaboración de normas que han de responder a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, considera que la función fiscalizadora del Consultivo es "crucial" para asegurar que las administraciones actúan de acuerdo con el interés general y que las medidas desarrolladas se adaptan a la realidad andaluza.

En este sentido, el presidente de la Junta ha hecho un breve repaso por algunos de los decretos y normativas aprobadas en 2010 que mayor calado han tenido en la comunidad y que han sido inspeccionados por el Consultivo, entre ellas la Ley de Aguas y la reforma del sector público andaluz, que ha culminado con la aprobación de los estatutos de ocho agencias públicas.

"Este complejo pero necesario proceso de reestructuración nos ha permitido diseñar un sector público más moderno, austero y eficaz", ha defendido Griñán, que sin embargo reconoce que "ha sido un año difícil" para la relación entre el Gobierno andaluz y sus empleados públicos, a los que ha reiterado el "sentimiento de respeto" que la Junta les procesa.

Así, ha garantizado que las potestades públicas que se han trasladado a las agencias serán ejercidas en su totalidad por personal funcionario. Para ello, ha anunciado que se ordenará a la Inspección General de servicios que compruebe detalladamente el ejercicio, directo o indirecto, de potestades públicas en estas instituciones, a fin de garantizar que todas ellas sean ejercidas por funcionarios de carrera.

En todo caso, ha dicho, "en la actualidad, casi el 60 por ciento de nuestros cargos tienen la condición de funcionarios públicos".

Cuenca del guadalquivir

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha aludido en su discurso a dos asuntos de especial trascendencia, como la multiplicidad de administraciones públicas y la asunción de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir en el Estado de Autonomía.

Respecto a esto último, ha considerado que la comunidad andaluza "no ha sido tratada con igualdad" y tampoco "se he hecho esfuerzo alguno para encontrar una interpretación del precepto conforme a la Constitución.

"En suma, —ha añadido— no se ha valorado el esfuerzo en la tramitación del Estatuto andaluz ni se ha tenido en cuenta la lealtad constitucional de Andalucía en todo momento expresada por todas sus fuerzas políticas, ni su dimensión geográfica ni su peso poblacional y político en el conjunto del Estado".

Sobre las administraciones públicas, Cano Bueso ha advertido de que el principio estatutario de la simplificación de los procedimientos "no consiente que la existencia de varios entes para la prestación de un mismo servicio obligue al usuario a desplegar un esfuerzo probatorio en distintos frentes". Una circunstancia que, según ha dicho, "se produce, a veces, en el ámbito público ante el planteamiento de la responsabilidad por daños".

Por último, Cano Bueso se ha referido a la "mundialización del capitalismo financiero", que ha propiciado que sean los poderes económicos quienes se hayan apoderado de los centros decisorios. A su entender, la lucha contra este fenómeno sólo puede venir desde el Derecho y precisa además "un fuerte rearme ideológico y una contundente respuesta política", sobre todo desde el contexto autonómico y local.