Las cuatro principales asociaciones empresariales fotovoltaicas han condenado la decisión del Gobierno de vetar las enmiendas de CiU en el Senado contra el recorte aplicado al sector y consideran que esta práctica supone un "secuestro del debate parlamentario".

En un comunicado conjunto, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) señalan que las enmiendas de CiU tienen como objetivo "paliar la dramática situación que las medidas retroactivas han creado en miles de inversores".

La actitud del Gobierno, afirman, "supone un procedimiento absolutamente extraordinario, al tratar de evitar el debate parlamentario, restringiendo de esta forma el derecho a la participación de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos".

Por este motivo, consideran que "se trata de una medida grave, desproporcionada e inaceptable" que "limita la facultad de representación de los senadores elegidos por los ciudadanos" y que, "de versar sobre otros asuntos, posiblemente hubiera desencadenado un escándalo sin precedentes".

Las razones aducidas por el Gobierno para mostrar su disconformidad con las enmiendas son la necesidad de no incrementar los créditos o disminuir los ingresos presupuestarios. Para los fotovoltaicos, estos argumentos son "falsos" y "claramente contradictorios con el comportamiento del Gobierno en otros trámites parlamentarios".

Subidas de luz.

Las asociaciones lamenta este veto en el Senado mientras el Gobierno "no ha realizado una sola acción para racionalizar las subastas Cesur y el pool eléctrico que les sirve de subyacente". "Ambos son los verdaderos causantes de la subida de en torno al 20% de la tarifa eléctrica en el último año", afirman.

Además, recuerdan que el coste más importante del sistema energético son las importaciones de hidrocarburos. "Debido al alza de los precios de los combustibles fósiles, el coste de las importaciones energéticas ha aumentado un 38%" y, de mantenerse la tendencia, "España pagará 15.000 millones de euros más que el año pasado", afirman.