El PP pide hasta diez años de cárcel para los agentes que arrestaron a sus militantes por increpar a Bono

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este martes a tres policías acusados de la detención ilegal de dos militantes del PP, tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el 22 de enero de 2005. Durante la manifestación, el ex ministro de Defensa, José Bono, fue insultado e, incluso, zarandeado, por algunos de los asistentes.La Fiscalía no acusa a ninguno de los agentes porque considera que no hay delito.
Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, miembros de la directiva del PP en Las Rozas
Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, miembros de la directiva del PP en Las Rozas
Víctor Lerena/EFE

Aunque la Fiscalía considera que no hay delito, el PP, que ejerce la acusación en nombre de los dos militantes de Las Rozas agredidos y del secretario general del partido en Madrid, pide 10 años menos un día de cárcel para el comisario acusado.

Al comisario le imputan  un delito de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones.Para los otros dos policías, solicita

penas de entre cuatro y ocho por detención ilegal y falsedad en documento público.

Además, reclama que los acusados indemnicen a los dos militantes del PP con 24.000 euros, 12.000 para cada uno, que se destinarán por "deseo expreso" de éstos a la AVT.

Los inculpados niegan una detención ilegal

Los policías inculpados niegan que los militantes del PP fueran detenidos formalmente por el incidente y defendieron, durante la primera jornada de juicio, la legalidad de su actuación.

Imputados, no detenidos

El inspector jefe encargado de incoar las diligencias contra los militantes populares Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz insistió en que en ningún documento abierto durante las diligencias constó agresión alguna al ministro Bono pero sí otras presuntas figuras delictivas (zarandeos, empujones e insultos) al mandatario que, a su juicio, justificaron su actuación.

A los militantes no se les fotografió ni se les tomó las huellas dactilares
Afirmó también que los militantes declararon como
"imputados no detenidos", se les facilitó un vehículo para acceder y salir de la comisaría y nunca se les fotografió, se les tomó huellas o se les retiró el teléfono móvil, como ocurre habitualmente cuando la policía detiene a un sospechoso.

Zarandeado e insultado

El inspector acusado concretó los posibles delitos investigados sin tener en cuenta la posible agresión a Bono.

Enumeró los de atentado a la persona del ministro (por los empujones y zarandeos que sufrió) insultos en la modalidad de injurias y un delito contra sus libertades y los derechos públicos, puesto que tuvo que abandonar la manifestación.

Sobre la posible agresión sufrida por Bono con el mástil de una bandera, el funcionario reconoció que el mismo día de los hechos sí se planteó su existencia, "según manifestó el propio ministro", aunque este extremo nunca se concretó ni figuró en las diligencias.

También negó que su superior, el comisario Rodolfo Ruiz, le dijera "si Bono dice que le han pegado es que le han pegado", tal y como se señala en el escrito de acusación.

Visionado de seis cintas

Al inicio de la sesión, presidida por el magistrado Miguel Hidalgo, se procedió al visionado de seis grabaciones de la manifestación aportadas por diferentes medios informativos. Sólo en una de ellas se aprecia cómo uno de los integrantes de la "cápsula de seguridad" que rodea a Bono aparta del ministro un palo, aunque no se ve bien quien lo esgrime.

El inspector aseguró haber sido informado de los hechos por la emisora de la policía y por un funcionario presente, que fue el que redactó la primera nota informativa.

Preguntado por el modo en el que fueron identificados Barrios y De la Cruz, explicó que conoció sus nombres por el diario El País, ratificando esta información por la foto que apareció al día siguiente en la portada del diario ABC. Del primero dijo que en las grabaciones se le identificó como el portador del mástil incautado y autor de un "manotazo" junto a Bono.

Más breve fue el interrogatorio del comisario, que dijo que él no intervino en la investigación ni en las citaciones y se limitó a informar a sus superiores.

Rodolfo Ruiz -para quien se piden 10 años de cárcel-, negó haber recibido instrucción alguna de la Delegación del Gobierno o haber coaccionado a los citados, si bien reconoció haber pasado "tangencialmente" por la sala en la que éstos habían prestado declaración.

Finalmente declaró el tercer acusado en este caso, un funcionario del grupo de investigación de los GRAPO que actuó como secretario de las declaraciones de los militantes del PP.

Confirmó que ambos fueron citados como imputados no detenidos.

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