Gobierno vasco se muestra favorable a la eliminación definitiva de las multas a las empresas que no atiendan en euskera

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes tomar en consideración la proposición de ley formulada por el grupo Socialistas vascos para suprimir definitivamente las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que en principio iban a entrar en vigor el 17 de julio y que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes tomar en consideración la proposición de ley formulada por el grupo Socialistas vascos para suprimir definitivamente las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que en principio iban a entrar en vigor el 17 de julio y que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros.

El PSE-EE registró el pasado 15 de junio una iniciativa sobre la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en lo que se refiere al régimen sancionador en materia lingüística previsto en la citada ley.

La propuesta planteaba la modificación de la ley que regula estas sanciones, que no han llegado a aplicarse debido a que el Parlamento aprobó el pasado año una moratoria sobre su ejecución, y que expira el 27 de julio.

El PSE plantea cambiar la Ley de 2003 sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en la que se contemplan las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi.

La normativa, aprobada durante el mandado de Juan José Ibarretxe, fija sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008 desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características de las empresas afectadas por la norma

El Gobierno vasco se ha mostrado este martes "favorable" a esta iniciativa y ha considerado que las imposiciones en materia lingüística "son contraproducentes en el proceso de normalización de nuestra lengua entendiendo que es necesario atraer a la ciudadanía y a las entidades con medidas positivas que fomenten su uso y no con multas o medidas coercitivas, que pueden suponer una carga".

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