La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), en la que se integra el sindicato gallego Uniones Agrarias (UU.AA.), presentará este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Luis Berenguer, por las "pérdidas millonarias" que ocasionó al sector como consecuencia de la postura adoptada durante los últimos años al frente del organismo.

El secretario general de la organización agraria en Galicia, Roberto García, ha destacado en rueda de prensa que la acción judicial se toma en base a lo que los ganaderos consideran "una vulneración" del artículo 404 del Código Penal, porque Berenguer Fuster "estuvo perjudicando de forma permanente, tendenciosa y sectaria los intereses" de los productores de leche.

En concreto, dicho precepto indica que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

La Comisión Nacional de Competencia debe renovar su presidencia en el próximo septiembre "obligatoriamente", ha apuntado García, y el actual responsable no puede ser reelegido en el cargo. Con todo, UU.AA. cree que la actitud de Luis Berenguer Fuster "no puede pasar impune" y debe ser inhabilitado.

Al respecto del nuevo nombramiento, UPA espera reunir este miércoles en Madrid a unos 500 miembros del comité nacional —en la víspera de la celebración de una reunión de carácter interno—. Así, se concentrarán frente a la sede de la comisión para exigir que, a partir de septiembre, no solo haya una nueva persona al frente del organismo, sino que esta cambie también "de filosofía".

"boicot" de la cnc a los acuerdos del sector

García se ha referido a decisiones de la CNC en los últimos siete años, desde el acuerdo de precios pactado entre industrias y ganaderos en 2004, que, según ha censurado, ya fue "boicoteado" por el entonces denominado Tribunal de Defensa de la Competencia.

Lo mismo sucedió en 2009, cuando otro pacto fue "impedido" por la comisión. Más recientemente, en 2010, el borrador de la Ley de Calidad Agroalimentaria del Gobierno socialista —que finalmente ha presentado en el último Consejo de Ministros— fue "informado negativamente".

Asimismo, el decreto de este año del Ministerio de Medio Rural que establece las bases para la creación de organizaciones de productores y la firma de contratos homologados también fue "boicoteado e informado negativamente" por la institución que todavía preside Berenguer Fuster, ha criticado el secretario general de UU.AA.

También ha recriminado al organismo que "el único procedimiento que inició de oficio", en 2007, se dirigió a la investigación de los supuestos altos precios que, a juicio de la CNC, reciben los productores.

A mayores, las cuatro denuncias registradas por UPA —relativas a las prácticas desarrolladas por la empresa Lactalis, a la "imposibilidad" de cambiar de industria por parte de los ganaderos y a la distribución de la leche como "producto reclamo— fueron "archivadas o desestimadas" por la comisión.

Negociación colectiva de precios

La Comisión Europea aprobará en el próximo semestre el reglamento por el que se establecerá la posibilidad de negociar precios con las industrias por parte de un grupo de productores —tal y como ratificó hace poco más de dos semanas el responsable comunitario de agricultura, Dacian Ciolos, en Santiago de Compostela—.

Roberto García ha reprochado la existencia de "un personaje y un tribunal que declara ilegal" dicha negociación a pesar de la futura legislación europea, la existencia del citado decreto ministerial y la circunstancia de que "en Francia, los ganaderos y las industrias pactan precios con el ministro presente en la sala".

Además, para dar desarrollo al reglamento comunitario, la Xunta creó un registro en el que se deberán inscribir las organizaciones de productores. En este ámbito, UU.AA. apuesta por "informar y ayudar" a sus más de 6.000 afiliados para "impulsar" la creación de estos grupos. "Nos gustaría que hubiera una organización de ámbito gallego", ha resaltado García, al valorar preferible una "mayor capacidad de negociación".

Precio de referencia y figura del árbitro

Que se den estos pasos —o la ampliación de la información de la que dispone la Interprofesional Láctea— no implica que los Gobiernos —central y autonómico— puedan "descansar", ha advertido el secretario general de la central sindical.

En este sentido, ha señalado lo "imprescindible" de que, "al igual" que en el país galo, el Ejecutivo convoque a industrias y productores "para trabajar en un precio de referencia".

En este extremo, también ha llamado la atención sobre la necesidad de articular "la figura de un árbitro" en la Ley de Calidad Agroalimentaria. "Dejar solo al ganadero en la negociación le deja en una situación de tiro en la nuca", ha concluido.

Denuncia ante el tribunal gallego

Por último, ha vuelto a denunciar la problemática de los precios que reciben los ganaderos por la leche y ha dicho que "llama poderosamente la atención" que en España y Galicia continúen "bajos" frente a la recuperación experimentada por la Unión Europea de los 27.

Esto, ha incidido, responde a "prácticas piratas" que "distorsionan" el mercado, por lo que ha informado de que el sindicato está a la espera de una llamada del presidente del Tribunal Gallego de Defensa da Competencia, Francisco Hernández, para aportarle más información al respecto de la "única denuncia" en este ámbito presentada en la Comunidad Autónoma.