La Unión de Profesionales de Trabajadores de Castilla y León ha manifestado que espera que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desestime la ampliación de horarios de apertura comercial y concrete las medidas para aliviar la morosidad.

Según han señalado desde la organización en un comunicado recogido por Europa Press, piden que se apliquen las medidas para aliviar la morosidad que padecen los autónomos, puesto que consideran que el discurso del Debate de la Nación presentado por Zapatero "incorpora pocos mensajes novedosos con respecto a la situación por la que atraviesan cientos de miles de autónomos que sufren la falta de crédito y la alta morosidad, tanto de las empresas como de las Administraciones Públicas".

También UPTA ha pedido al dirigente del Ejecutivo que no se apruebe la nueva ampliación de los horarios comerciales, extendiendo la posibilidad de aperturas libres en días festivos.

Así, han recordado que en los tres últimos años más de 30.000 comercios regentados por trabajadores autónomos han cerrado debido a la "fuerte competencia que representa la apertura de días festivos por parte de las grandes superficies".

Además, aseguran que UPTA ha podido comprobar cómo los autónomos y microempresarios han recibido con satisfacción la información dada por el Presidente, de que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobará una nueva línea de financiación del ICO para el pago directo a los proveedores de los Ayuntamientos que tienen facturas o certificaciones pendientes de cobrar.

A su juicio, esta línea responde a "diversas proposiciones aprobadas ya en el Congreso de los Diputados y a una reivindicación constante de nuestra Organización, supere los problemas de diseño que tuvieron otras iniciativas anteriores y que tuvieron dificultades de gestión".

Por ello, han considerado que sería necesario que la nueva línea aporte prioridad a los derechos de cobro pendientes que han superado los plazos legales establecidos que tengan prioridad en la aprobación de créditos las facturas que no superen los cien mil euros, y que los Ayuntamientos publiciten, tanto la solicitud de la ayuda como la concesión en su caso, con el objetivo de que los subcontratistas de las empresas principales cuenten con esta información para exigir a su vez la liquidación de las deudas contraídas con ellos.