El Juzgado de lo contencioso de Valladolid nº 2, con fecha 24 de mayo de 2011, ha dictado sentencia por la cual declara nulos de pleno derecho los decretos de la Alcaldía de Valladolid nº 11.407 y nº 11.945, de fechas 4 y 28 de diciembre de 2009, en virtud de los cuales fueron aprobadas la primera y la segunda fase, respectivamente, del proyecto de construcción de un puente de Santa Teresa entre las calles La Peseta y La Rábida, en el barrio de La Rondilla.

La sentencia, que ya es firme al no haber sido recurrida, estima el recurso contencioso administrativo que en 2010 interpuso la Asociación Vecinal Rondilla, que, a través de un comunicado recogido por Europa Press, asegura que a partir de ahora será el juzgado el que determine cuál es la mejor manera de restituir la legalidad.

En su momento, la asociación recurrente basó, fundamentalmente, su oposición a esta infraestructura en que su construcción afecta al Área de Singular Valor Ecológico (ASVE-Ribera) 'Río Pisuerga' y, por consiguiente, la aprobación del proyecto contraviene las directrices para la recuperación y conservación de las riberas, establecidas en el artículo 4 de las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno, así como en el hecho de que si el puente se considera una infraestructura de carácter territorial que debería transcurrir necesariamente por ese espacio, su ejecución infringiría el artículo 3.4.b porque no ha sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.

A ello sumó la asociación la infracción de lo dispuesto en los artículos 16, 23.2 y 25 de la LUCyL, conforme a los cuales la construcción del puente debería haber sido autorizada por la Comunidad Autónoma al encontrarse en un terreno clasificado como suelo rústico con protección natural.

El colectivo vecinal no se oponía a que hubiera una comunicación entre las dos orillas del Río Pisuerga, sino que consideraba que no era el mejor lugar, ya que parte el Parque Ribera de Castilla, y ha supuesto un desembolso de 15 millones de euros en un puente innecesario que no era pedido por nadie y menos en momento de crisis como el actual.

Esta sentencia es la última de una serie de acciones encaminadas a paralizar esta construcción, entre las que se incluyen varias intervenciones en el pleno, una solicitud de audiencia pública y la recogida de más de 4.000 firmas.