La ex concejala de Sanidad y Servicios Sociales de Castro Urdiales, Elisa Dopico, ha sido condenada a dos años de prisión por un delito continuado de obstrucción a la justicia tras admitir que amenazó reiteradamente a una funcionaria de su departamento que declaró en el caso 'Trapur', en el que Dopico está imputada.

No obstante, la condena, por un delito continuado de obstrucción a la justicia, se suspenderá en la parte relacionada con la prisión, tal y como han acordado las partes convocadas al juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.

Bajo el 'caso Trapur' se conoce a un proceso judicial en el que se investiga la adjudicación del servicio de desratización del municipio a la empresa Trapur, gestionada por un compañero de partido de Dopico —en ese momento en el PP— tras el pago de un talón.

Es un tema por el que Dopico está imputada, si bien la semana pasada la causa experimentó un retroceso justo cuando iba a comenzar el juicio. La Audiencia Provincial entendió que la falta de acceso de Dopico a la información sobre su proceso por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales obligaba a llevar el procedimiento a la fase anterior, lo que no significa que se anulen los indicios de delito hallados en su contra durante la investigación judicial.

Cuando comenzaron las citaciones de los testigos, Dopico amenazó a una de las funcionarias municipales que declaró en su contra, como ha reconocido este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.

Las amenazas se produjeron en varias ocasiones, y una de ellas ha sido la que le ha llevado a ingresar en el penal de El Dueso, como medida cautelar, en una decisión del juzgado castreño cuyo titular es el magistrado Luis Acayro Sánchez que precisamente este martes ha sido revocada por la Audiencia de Cantabria, pero que está pendiente de otro juicio distinto.

Hechos admitidos

Los hechos que Dopico admite coinciden con los que denunciaba la acusación particular. Así, la ex concejala ha reconocido que cuando en 2007-2008 comenzó la instrucción del caso Trapur, en el que estaba imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación y cohecho, llamó a la empleada, subordinada suya, a su despacho.

Allí le comunicó que iba a ser citada en el caso, en calidad de Testigo, y le facilitó copia de las declaraciones prestadas por otros imputados, tratando de orientarla sobre la forma de contestar a las preguntas que le hicieran.

Pero cuando esta declaró, el 27 de junio de 2008, resultó que este testimonio acabó siendo una de las pruebas de cargo "fundamentales" contra Elisa Dopico, y el juez percibió que la funcionaria llevaba la copia de las declaraciones de otros imputados.

Ese mismo día, la ex concejala llamó por teléfono a la testigo, inquiriéndola sobre lo que había dicho y amenazándola con que "esto no se queda así".

A partir de ese momento, como denunció la acusación y ha admitido Dopico, comenzó por su parte una "continua persecución y vejación" hacia la denunciante, en la que se producen múltiples llamadas telefónicas en tono amenazante, además de "continuas advertencias" sobre la posibilidad de que la funcionaria y su esposa, también empleado municipal, pudieran perder su puesto de trabajo o empeorar sus condiciones.

Cuando el Ministerio Fiscal confirmó sus acusaciones, en enero de 2010, Dopico volvió a llamar a su despachó a la denunciante, donde la amenazó y coaccionó para que cambiara su declaración.

Lo que le dijo fue: "La única que lo ha declarado eres tú, porque ni Chus lo ha declarado, y hasta ahora mi entorno más próximo he podido ir parándole los pies, porque yo claro, no quiero tampoco jaleos, pero yo te voy a decir una cosa: se va acercando el momento del juicio, porque va a haber juicio en Santander, y si tu mantienes esas declaraciones yo no sé si voy a poder controlar esto*".

"Si tú continuas en esa línea yo lo siento mucho, pero luego no voy a poder pararle los pies a nadie, esto lo tengo muy claro.. Yo te estoy diciendo que no sé si voy a poder seguir controlando esta situación ¿vale?", añadió, señalando que se refería a su "entorno más próximo", entre los que estaban sus "amigos y mucha gente".

"Pero a ver Merche, ¿Qué quieres?, ¿Qué pida mañana mismo que te llevan de allí?", la increpó, provocándola una crisis de ansiedad que precisó de asistencia sanitaria.

Pero además, dentro de la "creencia de impunidad" que sentía Dopico, tres días después de que se interpusiera una medida cautelar de alejamiento e incomunicación hacia la denunciante, Dopico declaró públicamente su intención de despedirla, "lo cual no puede dejar de considerarse un nuevo desprecio hacia la administración de justicia y sus resoluciones".

ACUERDO

La condena que Dopico ha pactado con las partes supone penas inferiores que las que se pedía contra ella, que eran de 3 años de prisión por parte del Ministerio Fiscal y 4 años y dos meses de cárcel en el caso de la acusación particular, ejercida por la funcionaria.

Además, Dopico deberá abonar una multa de 2.160 euros —cuyo pago ha solicitado fraccionar en seis meses—.

La denunciante ha recibido ya una indemnización de 20.000 euros, lo que supone que en el fallo se incluye esta circunstancia como atenuante, si bien se contempla como agravante el abuso de autoridad cometido por su posición de concejala responsable del área en que estaba encuadrada esta empleada municipal.

El acuerdo alcanzado entre la acusada y las partes también incluye la prohibición de acercarse a 200 metros del lugar de trabajo o residencia de la víctima, así como de comunicar con ella por cualquier tipo de medio, durante un plazo de dos años.

Como parte del acuerdo, su defensa ha pedido, sin oposición de las partes que la acusaban, que se suspenda la pena de ingreso en prisión, petición que la jueza ha aceptado, pero condicionándola a que Dopico no cometa ningún delito durante los próximos dos años. En caso contrario, tendrá que cumplir la condena por cárcel.

Al llegarse a este acuerdo, no ha sido necesario celebrar el juicio en los términos en que estaba previsto y se dictará una sentencia de conformidad.