El plazo establecido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla para que los acreedores del grupo Contsa Corporación Empresarial —empresa declarada en suspensión de pagos— puedan adherirse al convenio voluntario presentado por un grupo de acreedores ordinarios en septiembre de 2009 concluye este miércoles.

Fuentes de Unión de Acreedores de Contsa SA —sociedad creada por dichos acreedores para gestionar el convenio— han precisado a Europa Press que "a día de hoy es muy posible que obtengamos adhesiones de más del 50 por ciento del importe total de los acreedores ordinarios, esto es, unos 48 millones de euros".

En cuanto a número de acreedores que apoyan el convenio, las fuentes han recordado que las cifras rondarán "en torno a los 900 acreedores, cifra similar a los apoyos expresados por vía notarial". En total hay cerca de 1.700 acreedores ordinarios que se pueden adherir al convenio.

Las fuentes han precisado que aunque este miércoles es cuando se cierra el plazo para presentar las adhesiones, "es posible que hasta inicios de la próxima semana no tengamos la cifra cerrada de apoyos, pues este mismo miércoles pueden producirse adhesiones a través de un notario de fuera de Sevilla, algo que se notificaría al juzgado unos días más tarde y sería una adhesión plenamente válida".

Han precisado que ha existido "cierto volumen de adhesiones en notaría, la mayor parte de fuera de Sevilla".

"Ha existido muy buena acogida por la inmensa mayoría de acreedores, porque saben que la otra alternativa sería la liquidación de la sociedad, y en ese caso los acreedores ordinarios no cobrarían nada ni verían ni un euro", han agregado las fuentes, quienes han precisado que entre los acreedores ordinarios "hay algunos a los que se les debe más de un millón de euros y otras les deben 3.000 euros".

Las fuentes esperan que el juez acepte el convenio voluntario de acreedores "al aplicar la ley y si tiene un mínimo sentido práctico, pues hay 1.700 acreedores cuya única protección posible es el convenio y sin el convenio no tiene posibilidad de cobrar nada". Por ello, considera que "lo razonable es que si más del 50 por ciento de acreedores están de acuerdo, no tiene por que oponerse el juez" a este convenio.

Asimismo, las fuentes han resaltado que su convenio cuenta con un plan de negocio y un plan de viabilidad, que contempla que "hay colchón suficientemente amplio para que el convenio se pueda cumplir incluso con desviaciones" y han recordado que con este convenio "pretendemos únicamente continuar con la actividad inmobiliaria de Contsa".

El convenio

El plan de viabilidad contemplado en el convenio voluntario de acreedores es un plan "basado en su mayor parte en el alquiler de bienes y la puesta en valor de bienes inmuebles, que con el paso del tiempo van perdiendo valor, por lo que éstos se van a perder y se van a ejecutar".

Con este convenio prevén recuperar hasta el 50 por ciento de los invertido y con el que pretenden evitar la liquidación de la empresa y hacerse con la gestión de la sociedad.

Este convenio voluntario contempla un plan de viabilidad donde una sociedad anónima, Unión de Acreedores de Contsa SA —ya constituida— formada por los propios acreedores, sería la que gestionara los activos para poder "recuperar al menos el 50 por ciento de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa".

Las fuentes recordaron que con este instrumento en cinco años "seríamos capaces de poner en valor todos los activos de la sociedad, desarrollar el valor potencial de los activos de la sociedad, proteger el valor de los activos, evitar la pérdida de activos por acciones judiciales por impago de cuotas hipotecarias, generar ingresos de los activos y aportar caja al patrimonio actual de la sociedad, y venta ordenada de los activos inmobiliarios de la sociedad para que alcancen su mayor valor en el mercado.

Dicho convenio contemplaría pagar el cien por cien del importe de los créditos privilegiados, el 50 por ciento del pago de los créditos ordinarios y el uno por ciento del importe de los créditos subordinados. En el caso de los acreedores ordinarios, se daría un año de carencia, se pagaría el cinco por ciento del importe total en el segundo año, el 10 por ciento en el tercer año, el 15 por ciento en el cuarto año y el 20 por ciento del importe total al término del quinto año.

Contsa se declaró en suspensión de pagos en febrero de 2008 ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes.