La juez de Instrucción de Sevilla que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones ha decidido sustituir a la Policía por la Guardia Civil en la investigación de los referidos ERE.

En este sentido, fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han puesto de manifiesto que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decidido que la Policía deje de investigar las presuntas irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta, asignándole esta tarea a la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil.

De igual modo, las mismas fuentes han asegurado que desconocen el motivo por el que la juez instructora del procedimiento ha adoptado esta decisión, aunque el rotativo 'El País' —que adelanta en su edición de este martes la noticia, al igual que 'El Mundo'— apunta que, en el auto dictado este mismo lunes, la magistrada argumenta esta decisión en el hecho de que el Instituto Armado cuenta con una mayor dotación de medios para hacer frente a la investigación.

Otras fuentes judiciales consultadas por Europa Press han explicado que, en el auto, que todavía no ha sido notificado formalmente a las partes personadas, la juez Alaya asegura que toma esta decisión "por circunstancias que ya le han sido comunicadas personalmente" a la Policía. Las fuentes han criticado la decisión adoptada por la juez y han hecho mención a la motivación "política" que se "esconde" detrás de la misma.

Esta polémica se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla haya concluido recientemente que las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas, con lo que confirma el auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitó a la Administración autonómica las actas de los consejos celebrados desde 2001 hasta la actualidad, decisión que provocó un enfrentamiento entre Junta y juez que, finalmente, deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo (TS).