Islandia prepara una Constitución con propuestas reunidas a través de las redes sociales. Facebook, Twitter o YouTube son algunas de las vías a través de las cuales los ciudadanos islandeses pueden interactuar con los encargados de redactar el borrador de la nueva carta magna, que sustituirá a la actual, vigente desde que la isla se independizó de Dinamarca a mediados del siglo pasado.

La elaboración del borrador corre a cargo de 25 consejeros constitucionales, elegidos entre 522 candidatos, que revisan además un documento de 700 páginas en las que cerca de mil islandeses expusieron sus ideas en el Foro Nacional celebrado a tal efecto.

Los islandeses pueden consultar semanalmente los nuevos artículos propuestos para su inclusión en la carta magna y comentar directamente sobre la conveniencia de los mismos desde la web Stjörnlagaráò, dedicada exclusivamente a la reforma constitucional. Los textos son publicados a su vez en Facebook y Twitter, mientras que en Youtube se publican periódicamente entrevistas con cada uno de los 25 miembros del consejo. Además, Flickr sirve como escaparate en el que plasmar el trabajo de los distintos consejeros.

A pesar de ello, Hordur Torfason, el hombre que en 2008 impulsó la revolución islandesa, advierte del peligro de que en septiembre, cuando se acabe de escribir la propuesta, "los políticos quieran repasarla antes de someterla a referéndum". Por ello, ha recalcado que hay que lograr que la gente "pueda votar lo que han escrito antes que los políticos metan mano, teniendo en cuenta que de ahí saldrá un nuevo sistema con el que queremos, entre otras cosas, erradicar la corrupción".

No es la primera vez que desde el inicio de la crisis este pequeño país, de apenas 320.000 habitantes, deja en manos del pueblo aquellas decisiones que les afectan de forma directa. Hace unos meses el Ejecutivo puso en marcha un referéndum en el cual los habitantes de la isla decidieron si se debían o no pagar con dinero público las deudas de los bancos islandeses en quiebra. Una pregunta a la que la gran mayoría respondió negativamente y que determinó la actuación del Gobierno islandés.