El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha dicho este lunes que la vuelta de ETA a la violencia sería "un suicidio político" para la izquierda abertzale, ya que el proyecto de acumulación de fuerzas en un "polo soberanista" -como el que ha dado lugar a Bildu- quedaría "quemado". "ETA piensa que la acumulación de fuerzas es posible manteniendo la lucha armada y nosotros no", ha declarado Otegi en la Audiencia Nacional para explicar por qué su postura -y la de los siete acusados en el juicio que ha comenzado en este tribunal- es "diametralmente opuesta" a la de la banda terrorista.

La Fiscalía sostiene que Otegi y el resto de los procesados integraban una "comisión permanente" -Bateragune- encargada de adaptar la estrategia de la izquierda abertzale al momento actual, pero por encargo y siempre bajo la dirección de ETA.

El exportavoz de Batasuna, sin embargo, sostiene que el grupo que formaba con los otros acusados -al que se ha referido irónicamente en varias ocasiones como "el grupo Otegi"- estaba "fuera del diseño de ETA" porque lo que planteaban era precisamente un cambio de estrategia que suponía dejar de lado de forma "irreversible" el uso de la violencia.

"No es posible una acumulación de fuerzas suficientes para alcanzar nuestros objetivos si se mantiene la lucha armada. No porque sea un capricho nuestro, sino porque las fuerzas sociales y políticas que tienen que sumarse (al proyecto) dicen que no", ha afirmado. Por eso, ha añadido, no valen estrategias "de treguas parciales", ya que una vuelta a la violencia "quemaría" el proyecto y supondría "un suicidio".

"¿Alguien se imagina que nosotros construyéramos ese bloque en las elecciones autonómicas y ETA plantee una tregua durante la campaña electoral? Supongamos que sucede y tenemos buenos resultados y al día siguiente ETA da por terminada su tregua: Nosotros nos suicidamos, la gente se sentiría absolutamente frustrada. ¿Cómo le metemos a nuestro pueblo en semejante embarcada?", ha dicho Otegi.

El dirigente abertzale ha explicado que tomó la decisión de romper con la estrategia anterior a raíz del atentado contra la T-4 de Barajas y que desde entonces su único objetivo fue convencer a la izquierda abertzale de adoptar otra que usara vías exclusivamente políticas. "Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables. Si eso no es delito, soy inocente y los demás también", ha dicho.

Tras admitir que en el pasado justificó y le pareció "entendible" la lucha armada, ha dicho que llegó un momento -el atentado de la T-4- en el que entendió que ya no era posible "contextualizar" la violencia en la existencia de un conflicto. "La utilización de la violencia, lejos de solucionar los problemas, los enquista y los hace todavía más difíciles", ha insistido. Ahora, ha añadido, es la izquierda abertzale la que apuesta decididamente por el fin de la violencia frente a la postura del Estado y de otras fuerzas políticas.

"Los sectores que no tienen argumentos políticos necesitan desesperadamente que la violencia se haga presente. Nosotros, que sí tenemos argumentos, necesitamos que desaparezca irreversiblemente de nuestro país", ha añadido Otegi.

Otegi se sienta en el banquillo junto a otros siete dirigentes abertzales, para quienes el fiscal pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune. Miembros de Aralar y de ERC han acudido a primera hora a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con ellos.

El juicio, que se celebrará hasta el 7 de julio, tiene lugar unos días después de que la izquierda abertzale, a través de Bildu, haya entrado en las instituciones vascas y navarras, e incluso uno de sus representantes, el periodista Martín Garitano -elegido diputado general de Guipúzcoa- haya lucido un pin con el número de recluso de Otegi.

El primero en declarar ha sido Rafael Diez Usabiaga, ex secretario general de LAB -en libertad bajo fianza-, que sólo ha querido contestar a las preguntas de su defensa. Justo antes, el juicio se ha suspendido durante cinco minutos al solicitar la defensa de los ocho acusados la admisión de nuevas pruebas, entre ellas la declaración jurada de varios dirigentes de EA.

Otro de los abogados de la defensa, Íñigo Iruin, ha pedido que se incorpore un documento interno de ETA en el que la banda terrorista criticaba a la izquierda abertzale por cuestionar su estrategia. El letrado ha señalado que ha obtenido el documento porque fue aportado por la Policía en el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo para estudiar las demandas del Gobierno y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu como partido político.

Además de a Otegi y Usabiaga, el fiscal acusa a la extesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, juzgado y absuelto en 2006 por pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA.

Los otros tres acusados son José Luis (Txelui) Moreno Sagües, candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

Por su parte, la acusación popular, ejercida por la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza pedirá 14 años de cárcel para cada uno en el juicio, en el que declararán unos 70 testigos: 40 agentes de las Fuerzas de Seguridad y una treintena de testigos, entre ellos históricos dirigentes de HB-Batasuna, portavoces sindicales o presos etarras.

Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Adolfo Araiz o Floren Aoiz, procesados estos tres últimos en la causa que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" -en la que también está pendiente de ser juzgado Otegi- serán algunos de los testigos.

Según el fiscal Vicente González Mota, la tarea de Bateragune era la de "llevar la confrontación política hasta el punto más álgido" para lo que actuaba en una doble dirección: la "neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA" y la "acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA".

Para ello, señala el escrito de conclusiones provisionales, Bateragune trataría de deslegitimar "cuantas instituciones provienen del marco constitucional", que para el entramado terrorista "no es sino el marco particionista de una nación que pretenden imponer".

La forma de articular este polo soberanista pasaba por llamar a la incorporación de organizaciones políticas como EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA "al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado".

Así, añade el fiscal, ETA diseñó como método de trabajo la combinación de "parones en la lucha armada", que propiciarían los acuerdos necesarios para constituir el polo soberanista, con la acción terrorista armada.

La función de Bateragune se concretó en la convocatoria de diversos actos públicos -ruedas de prensa, entrevistas, comunicados de la izquierda abertzale- cuyo objetivo era "camuflar" las actuaciones terroristas bajo las coordenadas de un supuesto conflicto político y deslegitimar la actuación del Estado.

Dentro de esa estrategia, agrega el escrito, entre abril y agosto de 2009 ETA asesinó al inspector de Policía Eduardo Antonio Puelles y a dos guardias civiles en Palma y atentó contra la casa cuartel de Burgos.

Las reuniones de los integrantes de Bateragune, que el fiscal fija al menos en diez desde la primera celebrada el 17 de abril de 2009, se realizaban en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, donde fueron arrestados Otegi, Díez Usabiaga, Jacinto, Zabaleta y Rodríguez el 13 de octubre de ese año.

González Mota acusa también Otegi de reunirse directamente, o a través de otros, como Santiago Orue, con etarras presos o responsables de Batasuna como Ibon López Arbulu, Juan Francisco Gómez y José Luis Elkoro, para lo que se desplazó al menos en dos ocasiones a Francia, quebrantando la prohibición de abandonar el territorio nacional que le había sido impuesta como medida cautelar.