Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que el Gobierno español sigue sin tomar medidas "para tratar el problema de la tortura" y para recopilar y publicar datos sobre esta práctica, lo que "ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año".

En el informe, titulado La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe y que se publica con motivo de la celebración este domingo del día internacional de apoyo a las víctimas de tortura, Amnistía asegura que España mantiene el régimen de detención con restricciones más severas de la Unión Europea (UE).

AI recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones a España por no investigar de manera adecuada las alegaciones de tortura y dice que se incumple el compromiso adquirido en el Plan de Derechos Humanos aprobado en 2008 de recopilar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial.

"Aunque en mayo de 2010 Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas, el Gobierno volvió a rechazar estas recomendaciones", dice el informe, que señala que España es el único país de la UE que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas" de los derechos de los detenidos.

Ese régimen supone que las personas bajo arresto "pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades", afirma Amnistía.

Añade que la incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante un juez "y puede alargarse hasta 13 días".

"Las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por detenidos que han estado en régimen de incomunicación demuestran las graves consecuencias que este régimen de detención puede tener", concluye el informe.