El portavoz del Gobierno local de Cáceres, Valentín Pacheco, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento tendrá que abonar 37.500 euros, lo que supone "el cien por cien de los emolumentos", al anterior secretario general, Manuel Aunión, tras haber ganado éste el recurso para reincorporarse a su puesto de trabajo que dejó en diciembre de 2010 al cumplir los 65 años.

Pacheco ha señalado que esta cantidad es la que Aunión tendrá que percibir desde el 14 de diciembre del año pasado hasta ahora y que se le abonará, tal y como recoge la sentencia, "a pesar de no haber cumplido con su trabajo por culpa de una decisión ilegal del PSOE", ha dicho.

Cabe recordar que Aunión presentó un recurso contra el anterior gobierno basándose en que en julio pasado la alcaldesa, Carmen Heras, había firmado una resolución concediéndole la posibilidad de que se reenganchase en su puesto hasta los 70 años, pero posteriormente, en diciembre, firmó otra en la que revocaba su decisión.

El asunto llegó a los tribunales y ahora el juzgado le ha dado la razón al anterior secretario que tendrá que ser readmitido en su puesto e indemnizado con las nóminas de los meses que no ha estado trabajando.

Sueldo de garcía vega

Pero además, Pacheco ha recordado en la rueda de prensa, que el anterior Gobierno contrató a finales de año a Víctor García Vega, actual concejal socialista en el consistorio, para funciones de asesor jurídico por lo que se ha embolsado un total de 20.188,15 euros hasta el mes de mayo, según las cifras aportadas este jueves por el portavoz 'popular'. En concreto ha cobrado 17.383 euros correspondientes a los meses trabajados en 2011 y 2.804 en 2010.

"De esa cantidad, 4.926,36 euros los ha cobrado por gratificaciones de servicios especiales a través de resoluciones de la Alcaldía que se han dictado con informes contrarios del servicio de Intervención", ha subrayado al tiempo que recuerda que esta cifra supone que el actual edil socialista "ha cobrado casi 1.000 euros al mes por gratificaciones".

Pacheco ha recordado que cuando se produjo este nombramiento en comisión de servicio, el PP entonces en la oposición, presentó un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo que está a la espera de resolverse.

"Si se demuestra que esa contratación fue ilegal el Gobierno no descarta pedir responsabilidades a quien la permitió", ha concluido.