La Defensora del Pueblo de La Rioja, María Bueyo Díez Jalón, ha pedido a la Consejería de Educación que investigue las "irregularidades" en las pruebas de acceso a Formación Profesional y determine "medidas correctoras" para el caso.

Según informa en un comunicado la oficina de la Defensora, Díez Jaón "ha examinado con urgencia y emitido resolución sobre la repetición de las pruebas de acceso a Formación Profesional que han tenido lugar el lunes y martes de esta misma semana".

La resolución, dirigida a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, solicita que "se investiguen en profundidad las irregularidades que han obligado a repetir algunos exámenes, que se adopten las medidas correctoras necesarias para futuras convocatorias y que se actúe disciplinariamente contra los responsables, si procede".

María Bueyo Díez Jalón explica que "recomendé a los alumnos que volvieran a presentarse, para que no perdieran la convocatoria en ningún caso", mientras que agradece "la colaboración de la Consejería que respondió en menos de 48 horas al requerimiento de información" de su oficina.

El 13 de junio, varios alumnos afectados por la decisión de repetir algunos ejercicios de las pruebas de acceso a Formación Profesional -adoptada por la Dirección General de Universidades y Formación Permanente- presentaron una queja en la Oficina de la Defensora del Pueblo Riojano.

Las pruebas de acceso se habían celebrado los días 1 y 2 de junio. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte anuló y volvió a convocar algunos de los ejercicios para los días 20 y 21 de junio -en su resolución publicada en el BOR del 13 de junio-.

La Defensora solicitó un informe urgente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que respondió detallando los hechos del caso. La Inspección Técnica Educativa comprobó que varios ejercicios de las pruebas se habían hecho en clase y eran conocidos por algunos alumnos.

En concreto, se trataba de los exámenes de Inglés y Matemáticas para acceso a ciclos de grado medio y los de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Psicología para acceso a ciclos de grado superior.

Los alumnos no están de acuerdo con la repetición de los exámenes y argumentan que no es que se hayan filtrado los ejercicios, sino que algunos estudiaron con propuestas de ejercicios facilitadas por sus profesores.

Después se ha denunciado la similitud entre esos exámenes preparatorios y algunas de las pruebas de acceso, pero creen que la irregularidad no es imputable a todos los aspirantes, que la medida es excesiva y que perjudica seriamente a muchos alumnos que no pueden acudir a la segunda convocatoria por motivos de trabajo, desplazamientos desde otras comunidades, etc.

Consideraciones jurídicas.

La queja de los alumnos afectados tiene que ver con algunos derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española: el derecho a la educación (artículo 27), el derecho a la presunción de inocencia (artículo 24) y el principio de igualdad (artículo 14); y se refiere a la actuación de una administración regional, por lo que está dentro de las competencias de la Defensora del Pueblo Riojano.

El grupo de alumnos que presentó la queja considera que "la repetición de las pruebas, aunque salvaguarda la igualdad de oportunidades de la persona que denunció los hechos, vulnera el mismo derecho de todos los aspirantes que no tuvieron acceso a los exámenes preparatorios".

Además, supone "un perjuicio para aquellos que, por diversas circunstancias, no pueden volver a presentarse o están sometidos a plazos de inscripción en otras Comunidades".

El informe de la Inspección Técnica Educativa indica que existen "indicios racionales y evidencias lo suficientemente fundadas como para admitir que los exámenes a los que finalmente se sometió a los participantes en las pruebas selectivas, eran conocidos por algunos de ellos con antelación a la fecha de realización de la prueba".

Tal como algún aspirante había denunciado, "a través de la directora de un instituto, los exámenes coincidían exactamente con los que un indeterminado número de alumnos conocía y había realizado con anterioridad, lo que les situaba en una situación de ventaja que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben respetarse en las pruebas selectivas".

Resolución de la defensora.

Tras evaluar todos los datos, la legislación y la jurisprudencia sobre el caso, la Defensora ha emitido su resolución en forma de Sugerencia a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

La Administración educativa, dice, "debía tomar una decisión salomónica con gran celeridad, pero el procedimiento seguido no fue del todo correcto; ya que los requisitos necesarios -como su traslado previo al Consejo Consultivo de La Rioja- hubieran superado con mucho la rapidez obligada en este asunto".

Por otro lado, señala que "los alumnos no tienen ninguna responsabilidad en la irregularidad detectada, o al menos no todos ellos, y sí han podido verse perjudicados por la repetición de las pruebas -perjuicios económicos, suspensión de otras actividades para presentarse, imposibilidad de matricularse en plazo en otras comunidades, etc.-".