El acusado de provocar varios incendios en el sur de Ávila alega que estaba deprimido y que no quiso quemar el monte

El acusado de haber provocado ocho incendios en el Valle del Tiétar, en el sur de la provincia de Ávila, en Sotillo de la Adrada, Casillas y Santa María del Tiétar, durante el verano de 2009, sólo reconoció haber ocasionado tres de ellos y alegó que se encontraba deprimido pero que no quería quemar el monte. El juicio, con jurado popular, comenzó hoy en la Audiencia Provincial de Ávila.

El acusado de haber provocado ocho incendios en el Valle del Tiétar, en el sur de la provincia de Ávila, en Sotillo de la Adrada, Casillas y Santa María del Tiétar, durante el verano de 2009, sólo reconoció haber ocasionado tres de ellos y alegó que se encontraba deprimido pero que no quería quemar el monte. El juicio, con jurado popular, comenzó hoy en la Audiencia Provincial de Ávila.

D.M.L., que tenía 26 años cuando se registraron en la zona numerosos incendios intencionados, ingresó en prisión en septiembre de 2009, después de reconocerse autor de los fuegos, y permaneció en la cárcel un mes y medio.

Fue uno de los fundadores de la agrupación de Protección Civil de Casillas y seguía formando parte como voluntario, participando también en las tareas de extinción, aunque no se acercaba a las llamas, por lo que sus compañeros llegaron a pensar incluso que tenía miedo al fuego.

Durante el juicio, el acusado manifestó que estaba atravesando "un mal momento" y se justificó alegando que sufría problemas sentimentales y que estaba "deprimido", pero que su intención "no era quemar el monte".

Tras declararse amante de la naturaleza, pidió perdón por el daño causado y manifestó que no llegó a utilizar nunca un mechero para prender, sino que encendió un cigarrillo y lo tiró al suelo sin apagar porque "no sabía lo que hacía".

La Fiscalía pide para él tres años de cárcel, quince meses de multa y una indemnización de 7.700 euros para el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada y otros 21.400 para la Junta de Castilla y León. Por su parte, la Junta, que ejerce la acusación particular, solicita cinco años de prisión, 18 meses de multa y una indemnización de 134.475 euros. La defensa, mientras tanto, considera que no hay pruebas que lo incriminen y que "no es consciente de sus actos".

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