Los 27 pedirán mañana a España una regla de gasto para las CCAA y ligar salarios a productividad

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete pedirán este jueves a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete pedirán este jueves a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.

La cumbre de la UE aprobará las recomendaciones dirigidas a cada uno de los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses. El objetivo es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.

En el caso de España, el Gobierno ha logrado que se retire la recomendación más polémica que había formulado la Comisión: reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes salariales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA y los impuestos sobre la energía. El objetivo de esta medida era impulsar la creación de empleo, pero las autoridades españolas alegaron que pondría en riesgo las pensiones.

Los líderes europeos sustituirán esta petición por otra más genérica: "estudiar el margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal, haciendo por ejemplo recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, al tiempo que se garantizan los planes de saneamiento fiscal".

En materia de consolidación fiscal, el Consejo Europeo pedirá al Gobierno español garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit para los años 2011 y 2012 y "adoptar nuevas medidas (de ajuste) en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto".

Los Veintisiete reclamarán además a España "una norma vinculante de gasto para todas las administraciones" que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Y solicitarán que se apliquen "estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales" y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.

En cuanto a las reformas, los líderes europeos solicitarán al Gobierno completar la reforma de la negociación colectiva y del sistema de indexación salarial "para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa y proporcionar a las empresas la flexibilidad suficiente para adaptar internamente las condiciones laborales a los cambios en el entorno económico".

La UE reclama además al Gobierno que evalúe antes de que acabe el año el impacto de la reforma laboral de 2010 y que, si es necesario, haga más reformas en el mercado de trabajo "para reducir la segmentación y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes".

España debe también "adoptar la propuesta de reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años trabajados para calcular las pensiones como está previsto". Y tendrá que revisar "regularmente" los parámenos de las pensiones para ajustarlos a la evolución de la esperanza de vida y adoptar más medidas para aumentar la edad de jubilación real.

Reforma de las cajas.

Los jefes de Estado y de Gobierno reclamarán finalmente a España "supervisar estrechamente la reestructuración en curso del sector financiero, en particular de las cajas de ahorro, a fin de que concluya a más tardar el 30 de septiembre de 2011".

A petición de España, se ha eliminado también de las recomendaciones la referencia a que "los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente". El Gobierno ha alegado que ya se habían adoptado los cambios legales necesarios para reducir la interferencia del poder local y regional.

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