Retiran la acusación contra Miguel Navarro y reducen la pena de Soler a un año y medio de prisión

Con nuevo escrito acordado, sólo Gil Eguino entraría en prisión, con una pena que puede variar entre los 11 y tres años de cárcel
Miguel Navarro, Ex Alcalde De Lorca
Miguel Navarro, Ex Alcalde De Lorca
EUROPA PRESS
Miguel Navarro, Ex Alcalde De Lorca

El juicio por el caso Limusa, por el que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a la empresa de limpieza municipal de Lorca del mismo nombre, y cuyo juicio oral ha comenzado este martes en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Murcia, ha arrancado con la retirada de la acusación contra el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, y contra los empresarios, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles porque, según ha explicado el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, "las acusaciones han prescrito".

Además, el fiscal ha llegado a un acuerdo de conformidad con los abogados de tres de los acusados, entre ellos el ex diputado Bartolomé Soler, que supondrá una reducción de sus penas, pues se ha conformado con un año y medio de prisión, además de un año, un mes y 15 días de inhabilitación para cargo público; no así la de ex gerente de la empresa, Francisco Gil Eguino, que dependerá del pago de 240.000 euros de indemnización al Ayuntamiento de Lorca.

En concreto, la Fiscalía ha señalado que se retira la acusación contra Navarro porque ha considerado que la malversación de comidas del año 2003 estaban prescritas; respecto a la prevaricación por mejoras —subida de sueldos por mejoras—, ha añadido, "porque se ha preferido que sea Limusa la que exija responsabilidades en su caso".

Tras la notificación, Miguel Navarro, que se ha congratulado de que "al final se ha hecho justicia, aunque tarde", ha declarado a su salida de los juzgados que esta retirada de acusaciones "corrobora lo que venimos diciendo desde el principio, que nunca he cometido ningún delito".

Preguntado por sus compañeros de filas, el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006, y que fue expulsado del PSOE, sólo ha querido desear a los militantes "mucha fuerza, unidad y muchas ganas", al tiempo que aconsejó "a algún dirigente que introduzca este tema en ese periodo de reflexión que tiene abierto y juzgue lo que ha pasado en mi situación".

Navarro aseguró, asimismo, que esta situación ha sido muy dura personalmente para él y para su familia porque "hemos sido víctimas de una situación mediática tremendamente difícil", tras lo que insistió en que "no hay pruebas ni cargos" contra su persona.

A partir de ahora, reconoció, "vamos a pensar", pues, advirtió, "algo tenemos que hacer". Preguntado si tomará medidas por la vía política, indicó, un "ya veremos, estamos pensando y reflexionando; el PSOE necesita reflexionar y yo también".

"sólo me voy a fiar de mi perra"

Asimismo, el fiscal del caso Limusa, Juan Pablo Lozano, ha llegado a un acuerdo de conformidad respecto a tres de los acusados; se trata del ex diputado regional y ex consejero de Limusa, Bartolomé Soler, aunque no así con el delito de 'mobbing'; el ex concejal Jesús Molina, y el interventor municipal Francisco Javier Poyato, que han aceptado las nuevas penas solicitadas.

Así, Soler se ha conformado con cumplir las penas de un año, un mes y 15 días de prisión, también de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo al considerar que los delitos cometidos están relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal.

Además, de seis meses de multa, con una cuota diaria de 11 euros (1.980 euros), la pena de cuatro meses y 15 días de prisión y multa de cinco meses con la misma cuota diaria por otro delito de falsedad, pero en grado de tentativa (1.650 euros). Además, deberá devolver los 30.000 euros malversados, cantidad que había consignado con anterioridad ante el tribunal.

A su salida de los tribunales, el ex diputado señaló que hablará cuando haya sentencia, aunque apuntó "cuando empezó todo este proceso dije que había sido un puñetero pardillo, hoy digo que excepto de mi familia, sólo me voy a fiar de mi perra".

Por su parte, Poyato cumplirá un año, seis meses y un día de prisión y deberá pagar seis meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros (1.800 euros), por el delito de falsedad en documental mercantil y un año y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación, además de devolver los 15.000 euros malversados, que ya tiene depositados.

Mientras Jesús Molina, que fuera consejero delegado de Limusa desde su designación en 1999 hasta 2003 y vocal desde julio 2003 hasta 2007, se le impone la pena de cuatro meses y 15 días de prisión, multa de cinco meses a razón de siete euros diaria (1.050 euros) por el delito de falsedad en documento mercantil en grado de tentativa. Así, el único que iría finalmente a prisión por este caso sería el ex gerente, Francisco Gil Eguino, ya que la condena para el resto de imputados es inferior a dos años y no tienen antecedentes.

Su destino podría ser mesa solidaria de lorca

A este punto el abogado Mariano Bo, que representa al Ayuntamiento de Lorca y a Limusa, ha explicado que lo que se pretende con estas acusaciones es que "quede claro que es cierto, que los hechos se han cometido y en segundo lugar que haya una recuperación a las arcas públicas y darle el destino a ese dinero".

Una vez que ese dinero malversado esté en poder del Ayuntamiento y del pueblo "darle el destino que se crea oportuno", como podría ser la Mesa Solidaria a través de la cual se canalizan y gestionan todas las donaciones que se están recibiendo para paliar los efectos de los terremotos del pasado 11 de mayo.

Por ello, incidió el letrado, "se mantiene la acusación de Gil Eguino mientras no se repare íntegramente lo que se ha considerado, es decir, 240.000 euros, más multa de entre 30.000 y 70.000 euros".

Previsiblemente, el juicio continuará los días 6 y 7 de julio, en horario de mañana —9.30 horas—, contra el presunto máximo responsable de la trama, Francisco Gil Eguino, que sigue imputado por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, y su esposa, Ofelia Sánchez.

De hecho, Gil Eguino está acusado, por el Ministerio Fiscal, de un delito de malversación y falsedad de la factura de proveedores con todo tipo de gastos, malversación con falsedad, por otro lado se el acusaba de prevaricación en lo referente a la mejora y al maltrato a los trabajadores de Limusa y beneficios que otorgaba a su mujer y de falsedad en documento mercantil.

Mientras la acusación particular de Limusa le acusa de malversación, falsedad, delito contra integridad de los trabajadores y delito de alzamiento de bienes respecto a su esposa, Ofelia González Sánchez, acusada por el Ministerio Fiscal de prevaricación exento con el pago de 66.000 euros, ya contempladas en los 240.000 euros solicitados a su marido, a quien se le piden unos once años de prisión.

En concreto, el Ministerio Fiscal pide cinco años por malversación y falsedad, diez años de inhabilitación por prevaricación, y cuatro meses y 15 días de prisión con multa de meses a razón de 300 euros diarios por falsedad en documento mercantil, aunque podría verse reducida a tres años y seis meses de cárcel.

Asimismo, está previsto que Gil Eguino, que no ha querido hacer declaraciones a su salida de los juzgados, y Bartolomé Soler, vuelvan a la sala de vistas, ya que la acusación particular del ex empleado de Limusa que denunció la trama, Jacinto Parra, el letrado Ricardo Mateos mantiene contra ellos un presunto delito de 'mobbing'.

Cabe recordar que en el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

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