Una jueza penal de Guatemala envió este lunes a prisión preventiva en una base militar al general retirado Héctor Mario López Fuentes, de 81 años, bajo cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el período en que fue jefe del Estado Mayor del Ejército (1982-1983).

La jueza Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, consideró que existen "suficientes elementos" para que López Fuentes sea investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos que le acusa de haber "creado, ordenado y supervisado" los planes represivos del Ejército en los años ochenta.

López Fuentes, que fue capturado el pasado viernes en esta capital, fue jefe del Estado Mayor del Ejército guatemalteco durante el Gobierno de facto del general golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983), durante el período más cruento del conflicto armado que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996.

La jueza Flores declaró "improcedente" la solicitud planteada por la defensa del militar retirado, de que fuera internado en un sanatorio privado debido a que, supuestamente, padece de "un delicado cuadro de salud".

Este general retirado es el primer exalto cargo militar detenido en el país por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra interna, dentro de un proceso judicial iniciado hace once años.

López Fuentes está acusado de haber participado en por lo menos 400 matanzas colectivas de indígenas y opositores del régimen así como de unos 77 casos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, perpetrados por miembros del Ejército durante el periodo en el que se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que aglutina a familiares de desaparecidos durante la guerra, acusa a López Fuentes de haber ordenado la matanza de centenares de indefensos habitantes de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiche, durante su función entre el 24 de marzo de 1982 y el 21 de octubre de 1982.

Por decisión de Flores, el general retirado deberá guardar prisión preventiva en una base militar de la capital guatemalteca.

El conflicto armado, que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad.